La mujer de Guerrero «confirma» que el PSOE «buscó» la defensa del ex alto cargo

El partido lo niega «rotundamente», pero ella insiste en que fue así y asevera que no conocían «de nada» a De Pablo

El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el abogado Fernando de Pablo
El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el abogado Fernando de Pablo

El partido lo niega «rotundamente», pero ella insiste en que fue así y asevera que no conocían «de nada» a De Pablo

La decisión de la jueza María Núñez Bolaños, quien capitanea ahora la investigación del supuesto fraude de los ERE, de liberar la fianza de 50.000 euros que depositó el ex director general de Trabajo de la Junta encausado Francisco Javier Guerrero para poder salir de prisión ha abierto ciertas compuertas. Fue en septiembre de 2012 cuando el entorno del ex alto cargo del Gobierno andaluz logró reunir ese dinero con la ayuda de familiares y amigos para poder salir de la cárcel a la que fue enviado por la primera instructora de la causa, la jueza Mercedes Alaya, quien, meses después, volvería a decretar de nuevo su encarcelamiento preventivo, aunque esa vez pudo abandonarlo sin fianza. La determinación de la jueza y el hecho de no saber qué pasará con ese dinero ha provocado que la mujer de Guerrero, L.O., se haya pronunciado en su perfil de Twitter para aseverar que fue el «PSOE» el que le «puso» el abogado a su marido y el que debía haber corrido con la minuta de un profesional que «tiene que cobrar por el trabajo que hace»; sino la Junta, que lo ha hecho en el caso de algún investigado que ha pedido ejercer ese derecho.

A través de la misma red social, L. O. deja claro que cuando De Pablo asumió las riendas de la defensa del ex director general, tras la ruptura de éste en 2010 con la que fue su primera letrada ,Rosa María Parra, no lo conocían «de nada». Una idea que ratificó a este periódico, al que explicó además que ha sido «con el tiempo» y a raíz de una información publicada por este diario en la que De Pablo apuntaba que dicho partido «se comprometió» a pagar sus honorarios, cuando pudo «confirmar que fue el PSOE el que dijo en aquel momento que se le buscara un abogado y lo llamó». «Ha sido así», mantiene. Una circunstancia que, sin embargo, fuentes socialistas niegan. «Es rotundamente falso», dieron por zanjado ayer.

Este periódico intentó también contactar con De Pablo sin éxito. Si bien, es cierto, como recordó la mujer de Guerrero, que en 2015 éste se incluyó en un grupo de letrados con los que el PSOE se habría comprometido a pagar sus honorarios, junto a otros colegas como el representante procesal del ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, otro de los encausados en el «macroproceso» que enfila los seis años de instrucción. Es más, el representante legal de éste, Jon Ander Sánchez, detalló después que la mencionada formación política habría asumido esa «responsabilidad» no en una sino en «dos ocasiones», por lo que respecta a su cliente. Y una de ellas se habría producido en el seno de una reunión a la que también aludió De Pablo, de la que, eso sí, no quiso desvelar detalles como cuándo y dónde tuvo lugar, más allá de dejar resbalar que «había seis personas», a las que se refirió como «posibles testigos». ¿Los necesitará en el futuro?

El juzgado convoca de nuevo a la esposa y a la madre del ex chófer Trujillo, que «no recibieron» la primera citación

Ya hay recitación. Juana Gallego y Estrella Blanco, esposa y madre, respectivamente, de Juan Francisco Trujillo, el ex chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, no comparecieron el 22 de noviembre en el juzgado sevillano que instruye el «macroproceso» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos en el que todos ellos están siendo investigados y que coordina la jueza María Núñez Bolaños, quien les había llamado a declarar en relación a los 900.000 euros en ayudas que recibieron empresas de Trujillo.

LA RAZÓN ha podido saber que si no acudieron ese día fue porque «no recibieron» físicamente «la citación oficial» en sus domicilios, según argumentan desde su entorno. Si bien, la magistrada movió ficha, sin salirse de sus vías, y ya ha vuelto a convocarlas la mañana del próximo 17 de enero, adelantan fuentes del caso a este periódico.

La instructora les llamó a declarar bajo el paraguas de la pieza separada centrada en los fondos que recibieron sociedades del ex chófer del ex director general de Trabajo. A una de ellas, Lógica Estratégica Empresarial SL, la Junta le concedió, gracias a un convenio de colaboración suscrito entre la Dirección General de Trabajo y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego agencia IDEA), una ayuda de 450.000 euros con cargo a la partida 31L, el bautizado como «fondo de reptiles», cuyo abono se fraccionó en cuatro pagos realizados a lo largo de 2005. A esa subvención se sumó otra de otros 450.000 euros, de acuerdo a la instrucción, cuya destinataria fue la mercantil Iniciativas Turísticas Sierra Morena SL. En esa ocasión el pago de los fondos públicos se llevó a cabo en dos veces, uno primero de 250.000 euros efectuado en mayo de 2005 y otro de 200.000 en julio de aquel año.