La nueva Junta pondrá en marcha en unos meses el Consejo Andaluz LGTBI

Partido Popular y Ciudadanos avanzan en el compromiso de desarrollar la ley aprobada el pasado año, pese a la oposición de Vox a normativas que define «de marcado carácter ideológico» y su intención de derogarlas

El nuevo Gobierno andaluz pondrá en marcha en unos meses el nuevo consejo LGTBI. Partido Popular y Ciudadanos defenderán los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, pese al posicionamiento contrario de Vox, socio de investidura, y cuyos argumentos han servido a la izquierda para iniciar una campaña destinada a generar miedo en los colectivos afectados.

La Consejería para la Igualdad y Políticas Sociales dio por finalizado el pasado 1 de febrero, ya con Rocío Ruiz al frente de la misma, el trámite de audiencia e información pública del proyecto de Decreto que desarrolla la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.

El Consejo Andaluz LGTBI, de hecho, está previsto que se constituya dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del Decreto, el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El punto número 85 del acuerdo programático firmado por los partidos de la coalición hace referencia a la «lucha por la igualdad de trato contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género, implantando todas las medidas necesarias, con dotación presupuestaria suficiente, para dotar de efectividad práctica y real la protección de los derechos de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares de acuerdo con la Ley 8/2017, de 28 de diciembre». Una ley que fue apoyada por los cinco grupos de la Cámara y que sitúa Andalucía a la vanguardia de los derechos del colectivo LGTBI.

Mientras Vox aboga por derogar leyes «con un marcado carácter ideológico y la supresión de subvenciones a asociaciones claramente ideologizadas» entre las que incluye a las «feministas radicales y LGTBI», el programa electoral de Ciudadanos incluye el desarrollo de esta ley, «con especial atención a la formación de los empleados públicos en la realidad de este colectivo», y el compromiso de erradicar la LGTBIfobia en el deporte.

Los objetivos directos y concretos son la creación de un órgano colegiado de participación administrativa de carácter participativo y consultivo y contra la LGTBIfobia. Y tendrá como funciones la «promoción, consulta, asesoramiento, seguimiento, análisis y evaluación de las actividades realizadas en la búsqueda de la igualdad de trato, la garantía de derechos y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares a la Administración Andaluza y las entidades que las desarrollen».

Entre sus fines figurarán «promover la participación efectiva de todo el colectivo LGTBI en la definición y desarrollo de las políticas públicas en la búsqueda de la igualdad de trato, la garantía de derechos y no discriminación»; «promocionar, hacer un seguimiento, analizar y evaluar las actividades que se realicen en el desarrollo de las políticas autonómicas ejercidas a favor de la igualdad de trato, la garantía de derechos y no discriminación»; y «asesorar e informar a la Administración Andaluza sobre el desarrollo de programas en materias relacionadas con las personas LGTBI y sus familiares».

Entre las funciones del Consejo se encuentran: informar, con carácter preceptivo y en el ámbito de sus competencias, los proyectos normativos y los planes de actuación que sean sometidos a su consideración por la Administración; la realización de propuestas y recomendaciones en materia de políticas públicas para la garantía de los derechos de las personas que se reconocen LGTBI en la Comunidad Autónoma de Andalucía; la presentación de propuestas que promuevan la transversalidad del enfoque de los derechos de las personas LGTBI en la formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las políticas públicas sectoriales; el mantenimiento de una comunicación permanente con las instancias públicas y privadas pertinentes para la materialización y garantía de los derechos de las personas que se reconocen LGTBI; la elaboración de un informe anual sobre la situación del colectivo LGTBI que incluya una evaluación de las políticas públicas previstas dentro del Plan de Acción Interdepartamental; o la realización de estudios que tengan por objeto el análisis de los principales problemas para el reconocimiento, restablecimiento, y garantía de los derechos de las personas que se reconocen LGTBI, y de las familias homoparentales, así como la formulación de recomendaciones al respecto de la Administración Pública.

Según se refleja en la disposición final segunda de la ley en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la misma deberá aprobarse la normativa de desarrollo y el reglamento del Consejo Andaluz LGTBI. El Gobierno de Díaz ya estaba fuera de plazo.