La oposición ya trabaja en un borrador de ley con una dotación de 81 millones

Las promesas de Díaz no se han puesto en marcha y C’s se sumará mañana a la reunión programada.

Hay promesas que se les lleva al viento y otras que se incumplen pero pasan factura. «En septiembre el nuevo decreto de atención temprana tiene que estar íntegramente en funcionamiento, al ciento por ciento incorporadas todas y cada una de las medidas por una cosa obvia: empieza el curso escolar», dijo en marzo Susana Díaz.

La presidenta de la Junta de Andalucía se pronunció así en el Parlamento tras ejecutar en primera persona una maniobra que echó por tierra, con la complicidad de Ciudadanos, el proyecto de ley para la atención a los niños con trastornos ideada por la plataforma que aglutina a las familias pero presentada por Podemos con el respaldo de PP e Izquierda Unida. La formación naranja, que había respaldado a la Plataforma de Atención Temprana en todo el proceso previo, «traicionó» a los menores con un nuevo acuerdo marco pactado directamente entre la diputada Marta Bosquet y la propia Díaz en San Telmo– «de mujer a mujer», dijo– que está lejos de ser una realidad casi medio año después, pese a que su inmediatez era su gran ventaja: se ha prorrogado el acuerdo marco anterior, no se han puesto en marcha las unidades encargadas de agilizar las listas de espera (2.022 de forma oficial), las familias siguen pagando terapias, los lotes de sesiones no se han adjudicado y están sujetos a posibles impugnaciones, el número de sesiones sigue lejos de las ocho de media prometidas, la provincia de Almería continúa infraatendida... En definitiva, razones más que suficientes para que la oposición en bloque –incluido C’s que dejó siempre una puerta abierta si en otoño no había resultados– vuelva a trabajar en un proyecto de ley en el que las familias llevan las voz cantante y a la que nunca renunció su portavoz, Antonio Guerrero.

Los cuatro grupos parlamentarios, PP, C’s, Podemos e IU, se reúnen mañana con un primer borrador de ley que consensuar y que, como dato más llamativo, presupuesta en 81 millones la partida anual para cubrir las necesidades de un 5% de la población menor de seis años esperada para 2018, año en el que podría ser realidad si prosperase esta nueva normativa legal. La memoria económica, según ha podido conocer este diario, fija en 25.000 el número potencial de menores necesitados de atención temprana, eleva a 27 euros el precio de la sesión de 45 minutos y establece una media de 10 sesiones por niño o niña. Pero va mucho más allá, empezando por la incorporación del servicio al SAS, algo que ya se aprobó hace más de un año a través de una PNL –con el único rechazo del PSOE–, añade la evolución del menor en el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) a la historia clínica, su posterior evolución en Educación y protocolos de incorporación desde pediatría, colegios y servicios sociales, junto con la implantación de los avances científicos de manera inmediata y estableciendo un permanente contacto entre Salud, CAIT y educación. Además, permite que la derivación al servicio se ejecute desde la Atención Primaria, entre otras muchas cosas.

Guerrero, principal responsable de un proyecto que cuenta detrás con el apoyo de grandes especialistas en la materia, sabe que el camino que resta por recorrer aún es largo pero la predisposición encontrada en los partidos de la oposición le invita al optimismo: «Me gustaría que la toma en consideración se produzca entre octubre y noviembre, pero lo primordial ahora es abrir un periodo de reflexión y plantear las mejoras necesarias, que sea una ley de consenso antes de registrar el texto».