La petición de 12 años de cárcel para un empresario delimita el alcance del fraude

El escrito de la Fiscalía provincial de Sevilla por el que solicita 12 años de cárcel al empresario José Sivianes Sánchez por montar un entramado societario con el que obtuvo beneficios millonarios de subvenciones para la formación es un serio toque de atención en relación a los imputados en las 18 causas abiertas en juzgados andaluces. Y, sobre, todo es un serio toque de atención a la Junta, ya que constata que los defraudadores se aprovecharon del sistema para el pago utilizado por el Gobierno andaluz, consistente en el adelanto inicial de un 75 por ciento de la ayuda y la liquidación final del 25 por ciento si se cumplían correctamente los objetivos y la justificación de la subvención. El Ministerio Fiscal reclama a los 9 encausados que indemnicen de forma solidaria a la Junta con 2,7 millones de euros, mientras que para la empresa en el epicentro de las irregularidades, Formación Integral para el Empleo, reclama una multa de 5,5 millones de euros.

La Fiscalía, según informa Europa Press, pide penas de entre 6 y 12 años de cárcel para este empresario y para otras ocho personas que participaron de una u otra forma –asesorando en el engranaje empresarial, inflando los gastos con facturas falsas o simplemente como testaferros– en una red que obtuvo en los años 2010, 2011 y 2012 más de cinco millones de euros, según las conclusiones a las que llegó el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla. Se da la circunstancia de que una de estas ocho personas es Antonio Torres Granado, hijo de un ex alcalde socialista de Lebrija. Este imputado está implicado en el entramado para el incremento ficticio de los gastos a través de la elaboración de «facturas por trabajos de gestión de la docencia y de organización de los cursos de formación realizados por José Sivianes Sánchez» que, sin embargo, «no se correspondían a la prestación real de servicios», señala el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía; el primero, por cierto, que se formula en las causas de formación que están abiertas en este momento.

José Sivianes Sánchez está acusado de los delitos de fraude de subvenciones y cooperador necesario de falsedad en documento mercantil, los mismos que afectan a los nueve procesados. Sivianes Sánchez recibía subvenciones por dos vías. A través de una empresa con su mismo nombre y a través de Formación Integral para el Empleo. La concentración de subvenciones alertó antes de que estallara el escándalo a funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo, según pudo conocer en su día LA RAZÓN. De hecho, internamente apuntaban a un parentesco con el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, extremo que el ex alto cargo socialista negó a este periódico. Las diligencias judiciales demostraron más tarde que la vinculación con el PSOE venía por otra vía, la del hijo del ex regidor del PSOE.

En este sentido, el Ministerio Público apunta que José Sivianes y la mercantil Formación Integral para el Empleo «desarrollaban una misma actividad a pesar de presentarse en el tráfico jurídico como dos empresarios diferenciados».

No ha sido hasta 2015 cuando la Junta le ha abierto expediente de reintegro por irregularidades en subvenciones a este empresario, una vez que había estallado el escándalo. Concretamente, la Conse-jería de Educación –que asumió las competencias en la materia en 2013– publicó en el BOJA una resolución de acuerdo de inicio de reintegro de fecha 20 de febrero de 2015 relativo a un expediente del año 2011. En el BOJA no aparece ningún expediente de reintegro a Formación Integral para el Empleo. Hay, asimismo, otras ayudas de este conglomerado empresarial que actualmente bordean los tiempos de prescripción.

Sólo en el año 2009, las empresas Sivianes Sánchez y Formación Integral para el Empleo recibieron 1.023.804 euros en subvenciones, tanto de la delegación provincial del SAE como de la Dirección General de Formación para el Empleo. Hay que tener en cuenta que el plazo para abrir expediente de reintegro expira a los cuatro años desde que finaliza el periodo para la justificación de la ayuda.

A juicio del fiscal, la estructura «falsaria» fue organizada «aprovechando el sistema de justificación de la subvención». Los acusados se habrían apoderado de 336.699 euros en 2011 y de 2,4 millones en 2012. El patrón de irregularidades se ha producido en otras empresas que están siendo actualmente investigadas. El primer y único empresario que ha pasado por el momento por la comisión de investigación parlamentaria ha reconocido que obtenía un beneficio del 20 por ciento, cuando estas entidades teóricamente no tenían ánimo de lucro. Esto explica la relevancia del escrito.

La Junta reconsidera el envío de documentación... medio año después

LA RAZÓN- Sevilla

La Junta enviará finalmente al Parlamento andaluz toda la documentación original relativa a los cursos de formación, unos 17.000 expedientes, según el presidente de la comisión, Julio Díaz (C’s), que achacó esta «rectificación» a la «presión» ejercida durante los últimos días.

Así lo expuso Julio Díaz, que consideró que con este «cambio de actitud» el Gobierno andaluz ha dejado de «echar un pulso» a la comisión de investigación y pondrá a disposición de la misma la documentación original de los expedientes que ha sido solicitada en reiteradas ocasiones.

A partir de esta «rectificación» una comisión formada por el Parlamento y el Gobierno, en la que también estará Julio Díaz, estudiará el envío de la documentación y su custodia en la sede de la Cámara, explicó el presidente de la comisión. Esto se produce medio año después de que se constituyera la comisión de investigación. Y después de que PP y Podemos se plantaran en la última sesión. El PP incluso amenazó con el artículo 502.2 del Código Penal, que desarrolla el delito de desobediencia cuando las administraciones incurran en una obstaculización deliberada.

Díaz detalló que, como presidente de la comisión, había comunicado al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, su intención de pedirle amparo ante la «dilación» de la Junta en el envío de la documentación, decisión que ha parado tras la decisión del Gobierno andaluz.

La Junta ha remitido 900 carpetas con una media de 600 folios cada una, aunque los expedientes que afectan a la formación se elevan a 18.499, es decir, en torno a 41.804 carpetas, lo que supone más de 27 millones de folios.