La Policía acusa a Faasa de haber «burlado» el control de la Junta para enriquecerse

Los investigadores afirman que la Intervención de la Administración andaluza ha detectado también «serias irregularidades».

La empresa recuerda que un informe pericial constata el «adecuado» uso de las ayudas

Sus afirmaciones, insisten, no eran cañonazos de fogueo. La Policía ha comparado sus informes sobre las subvenciones formativas concedidas por el Gobierno autonómico a la empresa Faasa Aviación con otro elaborado por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) en el que se han analizado 29 expedientes, de entre 2002 a 2014, para llegar a una conclusión: ambas «se han percatado de las serias irregularidades en las que ha incurrido» la sociedad cordobesa.

Todos estos movimientos han sucedido en el ámbito del proceso judicial que instruye un juzgado sevillano en torno a la asignación de medios aéreos destinados al Plan Infoca que comanda la jueza María de los Reyes de Flores y que tiene varios escenarios de trabajo, además de la rama elevada a la Audiencia Nacional que se ocupa del llamado mediáticamente «cártel del fuego».

Tras hacer la mencionada comparativa, la Policía asevera que, pese a haber analizado con más detalles que la IGJA algunos aspectos ligados a esas ayudas públicas para formación y haber detectado en su caso, por tanto, un mayor número de anomalías, hay una «coincidencia plena» entre lo expuesto por ambas: «Faasa ha burlado el control de la Administración autonómica en materia de subvenciones y ha incurrido consciente e intencionadamente en una serie de irregularidades graves» tendentes, según los investigadores, a «conseguir un mayor enriquecimiento».

Más allá de esa gruesa inferencia, en el informe policial en el que se ha desgranado el de la Intervención, consultado por LA RAZÓN, se recogen aspectos como que el órgano de control interno de la Administración regional reconoce que «no constan en los expedientes las instrucciones y documentos que la Orden del 23 de octubre de 2009 considera preceptivos para el control de las subvenciones» y pone en duda, en principio, «la posibilidad de que por parte» del ente de la Junta que dio la ayuda «se realizase la correspondiente comprobación técnico-económica». Aclara que hasta ese servicio de intervención llegan las propuestas de documentos contables «sin la documentación justificativa» y que después de 2012 «se confeccionó el informe del cumplimiento de la legalidad del SAE –Servicio Andaluz de Empleo–» quedando aún por justificar «dos partidas», una de 2009 y otra de 2012, que ascienden a «305.085,47 euros».

A ello se añade que la IGJA señala otra anomalía que afecta a tres expedientes: mientras las ayudas que se adjudicaron mediante el sistema de concurrencia no competitiva «estarían conforme a la legalidad», en las posteriores a 2005, con aquélla en teoría ya implantada, «no consta la documentación que acredite la aplicación de criterios de valoración de los proyectos ni los resultados de la comparativa de distintos» planes. Expresado de otro modo, para la Policía, «no han competido con nadie, en definitiva». Una coincidencia más descrita en el informe policial pasa por que la intervención admite «errores de cuantificación» del importe de la ayuda en «algún expediente», si bien, no se ha pronunciado sobre si los fondos percibidos por la mercantil eran compatibles con otras fuentes de financiación con el mismo fin que ésta hubiera tenido alegando que los expedientes no incluían documentación para poder hacerlo. En este punto, los investigadores admiten que esa respuesta de la IGJA no «satisface» sus necesidades y que, en efecto, habría sido necesario «obtener el total de las subvenciones conseguidas por la entidad».

De vuelta a las similitudes, la Policía subraya el «escaso» seguimiento que se hizo de los fondos públicos, que algunos expedientes no cuentan con documentos justificativos de los gastos, que los cursos no debieron empezar nunca «antes» de la fecha prevista y el hecho de que Faasa «creara un nombre comercial», Caena, y facturase a esta última «en concepto de alquiler de hangares» que «se encuentran dentro» de la primera. Esto supone para los investigadores «una subcontratación fraudulenta clara» que se habría dado en «nueve expedientes», cuya cuantía global «asciende a 369.389,17 euros».

Por último, aluden a que «los gastos de amortización no están identificados, son abusivos, se utilizan bienes amortizables» adquiridos «a costa de otra subvención, sin restar el porcentaje correspondiente», aunque la IGJA no ha podido cuantificar este presunto «abuso».

Fuentes de Faasa, por su parte, indican a este periódico que encargaron un informe pericial en el que se constata que «la utilización de los fondos públicos ha sido la adecuada». Anotan que en informes previos de la Policía «se puso en duda que los cursos se hubieran llevado a cabo», para acabar reconociendo, según estas fuentes, que «se realizaron en su totalidad y que los costes fueron similares a las subvenciones recibidas». Recalcan que las irregularidades, «si las hubieran», serían en todo caso «administrativas» y recuerdan que cuentan con dos sentencias judiciales que «dan la razón» a la compañía en relación a expedientes de reintegros abiertos contra ella por la Administración autonómica.

La instructora del «caso Infoca», en el que están personados Ecologistas en Acción y Podemos, ya cuenta en cualquier caso con los informes de unos y otros para comprobar hasta dónde llega o no el terreno de las sincronías.