Las anomalías del proyecto Magrec de Granada serán investigadas

El juzgado de Instrucción número 8 de Granada investigará la posible comisión de irregularidades en el proyecto Magrec por parte del anterior Gobierno (PSOE-IU), según anunció ayer la diputada de Empleo, María Merinda Sádaba, junto al portavoz, José Torrente.

El proyecto Magrec se inserta en el programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores Poctefex, del que también depende el proyecto Mercamed, investigado a su vez por el juzgado de Instrucción 6. El presupuesto de Magrec fueron 898.000 euros y sólo 67.000 euros se deberían haber destinado a inversiones en Marruecos. Sin embargo las facturas adjuntadas en la denuncia de la Diputación Provincial suman 210.000 euros superando el umbral de inversión permitido.

La Diputación denuncia que trabajos científicos fueron encargados a autónomos que, en algún caso, no reunían los requisitos y se daban de alta un día después de la facturación por haber realizado los encargos. Además, se invirtió en aulas rurales cuyo propietario no se conocía, saltándose las normativas previstas, al igual que en la Torre de la Kasbah o en el realquiler de una propiedad en Chaouen.

Fue la actual portavoz de IU, María Asunción Pérez Cotarelo, ex diputada de Cultura, la encargada de gestionar para la Diputación este alquiler que se hacía a su vez a través de una empresa de la provincia. De entrada, hay seis empresarios imputados para cuyas declaraciones se han tramitado exhortos a juzgados de Alcalá de Henares y Móstoles.