Las comisiones de CC OO y UGT eran «una auténtica forma de presión»

Antonio Albarracín aseguró a la juez que «no era director de Vitalia sino jefe de consultores»
Antonio Albarracín aseguró a la juez que «no era director de Vitalia sino jefe de consultores»

El ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín y su esposa, María José Marcos, declararon ayer como representantes de la empresa Permar 21, a la que se le imputa «un presunto delito de blanqueo de capitales» por «la posesión, utilización y en su caso adquisición de bienes procedentes de la actividad ilícita desarrollada por Antonio Albarracín como director de Vitalia, fundamentalmente de las sobrecomisiones que percibía procedentes de fondos públicos, lo cual se traducía en el pago de una retribución variable». El ex director comercial de Vitalia señaló que el papel desempeñado por los sindicatos en la tramitación de los ERE suponía «una auténtica medida de presión».

Según el auto al que tuvo acceso LA RAZÓN, las «ganancias» de Albarracín entre 2006 y 2011 –ocho inmuebles– y «las transferencias que Atrado Mensajería realiza en 2006 a Permar por importe de 117.066,48 euros sin que las mismas obedecieran a la prestación de ningún servicio» constituyen una «prueba evidente de la relación» del imputado «con el entramado de Juan Lanzas».

Albarracín dijo que «Vitalia tenía peor relación con los sindicatos que Uniter y los sindicatos tenían mucha fuerza para que se pagaran las pólizas». El ex directivo de Vitalia señaló que «el pago que se realiza en concepto de comisión es una auténtica medida de presión ya que los sindicatos se personan en la empresa y le dicen que se van a negar a firmar el acuerdo de reestructuración y prejubilación si ellos no hacen otros costes actuariales de contraste o no revisaban los mismos». Dicho estudio tenía «un coste de un 0,5% para UGT» y «0,5% para CC OO» y «la empresa le exigía» que «la mediadora le pagase ese importe y no tenían más opción: o lo pagabas o no hacía la operación». «No sólo ocurría en Andalucía, sino en toda España y los que tenían que soportar las comisiones eran las mediadoras», añadió. Según su experiencia, «cuando ha estado con los directores generales ha visto una relación enormemente fluida con los sindicatos». Albarracín dijo que «ha leído declaraciones» en las que se dice que «las pólizas se hacían con quien decían los sindicatos» y que «esto en otros sitios de España resulta impensable».

Albarracín reiteró que «los señores del sur era Juan Lanzas» y que Vitalia pagó al presunto «conseguidor» de los ERE el 5% y «se pretendía» que su beneficio fuera «equitativo y proporcional». El imputado declaró que «el que mandaba era Eduardo Pascual y su mano derecha era María Vaqué».

Albarracín aseguró que Permar «no se ha nutrido del importe de las sobrecomisiones». «A partir de decir que quería marcharse (de Vitalia), el señor Pascual le ofrece nuevas comisiones en concepto de nuevas variables en torno a unos 250.000 euros al año», indicó. Insistió en que «no era director de Vitalia sino el jefe de consultores» y que «las comisiones derivadas del negocio de Andalucía las cobraban el señor García González y Bordallo». A preguntas del fiscal, indicó que «la mayor finalidad de Permar 21 era canalizar los variables que recibía de Vitalia». El declarante «aparte de Permar desde 2001 ha adquirido conjuntamente con su esposa» en 2003 «un piso de Madrid» y «tres plazas de garaje», lo que supone «una inversión de 600.000 euros, con una hipoteca completamente amortizada».