Las empresas que optaron a la venta, «vinculadas»

La Guardia Civil ha encontrado «vinculaciones» mercantiles, societarias o profesionales entre las ocho empresas que concursaron en la venta de los terrenos de Mercasevilla, asunto incluido en uno de los cinco sumarios del caso de los ERE.

La Guardia Civil ha encontrado «vinculaciones» mercantiles, societarias o profesionales entre las ocho empresas que concursaron en la venta de los terrenos de Mercasevilla, asunto incluido en uno de los cinco sumarios del caso de los ERE. El informe desgrana dichas vinculaciones mediante participaciones societarias o cargos en los órganos directivos, pero no recoge que ninguna de ellas sea delictiva.

En este sumario se investiga lo que la juez Mercedes Alaya ha calificado como «adjudicación fraudulenta» de la venta de los terrenos de Mercasevilla a la inmobiliaria Sanma y acumula ya 16 imputados entre técnicos municipales, empresarios y el anterior primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), en la actualidad portavoz municipal de su grupo.

La juez entiende que la venta de los terrenos fue «contraria al interés general», pues fue adjudicado a la inmobiliaria Sanma, que ofertaba 106 millones de euros frente a los 158 de su primera competidora, Noga. Además, concurrieron Landscape Espais, Grupo Pra, Realia Bussiness, Azucarera Larios, Edamar y Construcciones Juan de Robles.

En un auto notificado ayer a las partes, la juez sustituta Ana Rosa Curra requiere a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que presente otros informes que haya concluido.

Por otra parte, los grupos municipales de IU y PSOE han unido sus fuerzas para reclamar al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que suspenda las modificaciones del reglamento de Mercasevilla hasta que el Parlamento Europeo no aclare si tiene competencias para dictaminar sobre la empresa. De esta manera, ambas formaciones defenderán esta moción en el próximo Pleno municipal, bajo la sospecha de que el Gobierno local pretende «privatizar» la lonja.

Así lo aseguró el concejal socialista Juan Carlos Cabrera, quien instó al regidor a «no hacer campaña de acoso y derribo contra los servicios municipales» y recordó que «cien trabajadores podrían quedar en la calle». «Si se alegan motivos jurídicos y políticos para llevar a cabo esta privatización, habrá que esperar a la resolución de Europa», subrayó. Por su parte, la edil de IU Josefa Medrano se mostró más contundente al asegurar que «no existe ninguna orden desde el Parlamento Europeo para que Mercasevilla sea privatizada».

El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez, de su lado, recordó que tanto el Tribunal de la Competencia como la Audiencia Nacional no autorizaron la operación, al tiempo que anunció nuevas movilizaciones en las próximas semanas. El Ayuntamiento terció para señalar que el Parlamento Europeo «no tiene competencias para pronunciarse» sobre el reglamento interno de la empresa.