Las investigaciones judiciales provocan «parálisis» en la Junta

Un interventor admite que la «cascada» de imputaciones hace que se trabaje en «alerta».

El interventor de la Junta de Andalucía Juan Luque declaró ayer como investigado ante el juez que analiza el denominado «caso Marismas». El mismo aborda las presuntas irregularidades en procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidas por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones de euros para la modernización de su red de riegos. Luque alertó de que la «cascada» de imputaciones de interventores, técnicos y abogados de la Junta en distintas causas judiciales está provocando la «parálisis» de la Administración.

El ex interventor delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta y actual interventor en la Consejería de Hacienda ha realizado esta reflexión durante su comparecencia en calidad de investigado ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, en el marco de la cual negó haber cometido irregularidad alguna.

«Caso Marismas»

Durante su declaración, Juan Luque, que también está imputado en el «caso de los ERE fraudulentos», explicó que en la Administración se ha venido trabajando según el principio de confianza, de manera que él, como interventor de la Consejería de Agricultura, tenía nueve funcionarios a su cargo y firmaba los documentos que se le trasladaban en base a esa relación de confianza.

Según precisó, todo funciona como un «circuito administrativo» formado por distintos eslabones, donde «cada uno tiene su función». Tras negar que «firmara a ciegas», puso de manifiesto que en la Intervención «nunca se había trabajado en alerta y prevención», pero la «cascada» de imputaciones de técnicos, letrados e interventores de la Junta en distintos procedimientos judiciales «ha provocado la parálisis de la Administración».

Luque negó cualquier irregularidad y aportó un informe de siete folios redactado por el actual interventor general de la Junta, Vicente Fernández, que avala su actuación en el caso Marismas.

El instructor lo citó a declarar como investigado «por su participación como interventor delegado de la Consejería de Agricultura en el pago de la subvención correspondiente a la primera certificación» de las obras –4,2 millones– «desobedeciendo por completo al procedimiento establecido y sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos para la autorización de dicho pago».

La UDEF ya tomó declaración como imputado por un delito de prevaricación a Juan Luque. Según los agentes, habría firmado una serie de documentos «imprescindibles para que la Tesorería del Instituto Andaluz de Reforma Agraria haga efectivo el pago de la subvención en la primera certificación».

El juez ha citado a declarar hoy a seis personas en calidad de testigos, entre técnicos y funcionarios de la Consejería de Agricultura.

Otras tres piezas de las nueve de los cursos de formación, de «especial complejidad»

LA RAZÓN - Sevilla

La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, ha declarado de especial complejidad otras tres piezas de las nueve en la que está dividida la macrocausa de los cursos de formación, lo que permite alargar la instrucción 18 meses más.

La decisión de la magistrada se produce una semana después de que hiciera lo mismo con la pieza relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y después de que se lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción.

Las nuevas piezas de especial complejidad declaradas por la jueza se refieren a las relacionadas con los consorcios Ciomijas, CTI y Forman. Núñez Bolaños ha aceptado la petición de Anticorrupción porque considera que estas piezas exigen el examen de abundante documentación y no deben limitarse a los seis meses que, como normal general, recoge la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de diciembre pasado.

De esta forma, quedan por considerarse especialmente complejas las causas del consorcio Formades, la que afecta a la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE), y las vinculadas con los grupos de empresas del ex consejero Ángel Ojeda, del empresario José María Pérez González y de Rafael Velasco Sierra, ex vicesecretario general del PSOE-A.

La semana pasada, la jueza dijo que declaraba de especial complejidad la causa del SAE porque «se investiga a un grupo u organización criminal con numerosos hechos punibles» y además hay involucrados «gran cantidad de investigados o víctimas».

Todo ello, razonaba Bolaños, «exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas».