Juan Ramón Jiménez
Las listas de espera en Huelva, sin criterio, llegan al Defensor
Denuncian que el adelanto de citas lo deciden «¡administrativos!»
La Asociación «Huelva por una sanidad digna» ha elevado al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, un amplio dossier informativo en el que denuncia la falta de cumplimiento del Decreto de Garantías en la mayor parte de las especialidades médicas a las que tienen derecho los usuarios onubenses que engrosan las listas de espera. Entre las principales quejas que se detallan en el documento destaca el hecho de que sólo aquellos pacientes que realizan una reclamación tienen la posibilidad de recibir la cita o adelantarla, quedando esta última opción en manos de un administrativo, que es quien valora si es oportuno o no.
La presidenta de la plataforma onubense, Julia Paloma Hergueta, firma un escrito en el que detalla la publicación en junio de 2016 en la intranet del Complejo Hospitalaria de Huelva, por parte del responsable del servicio de atención a la ciudadanía, Juan Manuel Garrido Quintana, en el que se dan las instrucciones al personal de la unidad de «cómo atender las reclamaciones de los pacientes en relación con las demoras de sus citas». Según muestra Hergueta, en este documento «se reconoce que no se cumple el Decreto de Garantías en la mayoría de especialidades y se especifica que sólo si el paciente invoca sus derechos se le tomarán los datos y se le intentará dar una cita». La gravedad del asunto, a juicio de la plataforma, radica en que «en algunos casos se deja en manos de los administrativos la decisión de adelantar o no la cita en función de lo grave que estimen ¡unos administrativos! que sea la patología del paciente». Concretamente, Hergueta hace referencia a este modo de actuar en la unidad de digestivo.
Otras patologías, como la venosa, «no se están citando ni tratando», detalla el escrito al Defensor del Pueblo, por el déficit de cirujanos vasculares, «un déficit que se ha agravado tras la renuncia de dos de ellos a su contrato dadas las condiciones laborales en las que se encontraban». La Asociación denuncia que además no se está ofreciendo ninguna solución, ni siquiera la habitual derivación a los centros hospitalarios de Sevilla, con lo que «se está privando a los pacientes onubenses de esa atención que sí disfrutan el resto de andaluces».
Entre las múltiples irregularidades que colocan la provincia de Huelva en una situación perentoria se indica que la propia dirección reconoce que «en el complejo hospitalario no hay libre elección de especialista», lo que supone la vulneración de otro derecho de los pacientes amparado por la ley. Por último, y no menos grave, entre las reclamaciones realizadas al Defensor del Pueblo se hace mención a la «extrema gravedad» que supone la «amnistía» que se ha realizado a los pacientes cardiológicos procedentes del Infanta Elena y el hospital Juan Ramón Jiménez que llevan esperando más de seis meses. «De un plumazo, y sin previo aviso, se les elimina de las listas de espera y se les anulan las pruebas pendientes. Algo que entendemos como un grave atentando contra su salud». Hergueta alerta de que en las referidas instrucciones del documento interno se especifica que «si estos pacientes no reclaman no serán citados». «Entendemos que desde que se ha realizado esta ‘amnistía’ hay muchos pacientes esperando su cita sin presentar reclamación, por una parte porque por desgracia los ciudadanos están acostumbrados a sufrir largas demoras y por otra parte porque es difícil imaginar que se cometa semejante atropello».
El documento de la dirección en cuestión fue llevado a la Fiscalía por parte del sindicato Satse, pero ésta respondiendo diciendo que era necesario acabar primero la vía administrativa, a través de la Inspección sanitaria, antes de utilizar la judicial. La reclamación se completo sin obtener respuesta. Por ello, la plataforma ciudadana pone en manos del Defensor el asunto para que realice las averiguaciones pertinentes y se depuren responsabilidades, además de esclarecer la situación real de las listas de espera en Huelva para conocer si «las medidas correctoras han mejorado o empeorado la situación.
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