Las terapias a los menores con trastornos apenas llegan a la mitad de lo prometido

«No hay voluntad de recuperar a los menores». Lo afirma apenado Antonio Guerrero, portavoz de la Plataforma de Atención Temprana, pero es la estremecedora conclusión que extrae cualquiera de los 20.000 padres, madres o abuelos con un hijo o nieto con un trastorno en el desarrollo que recibe tratamiento en el servicio público andaluz. El que puede económicamente, incluso el que no puede, recurre a terapias privadas como verdadera vía de revertir el mayor o menor problema. Y la Junta de Andalucía, consciente de ello, prefiere destinar lo justo en su presupuesto, a costa de los derechos de los más vulnerables.

Las cifras de 2016 deberían sonrojar a más de un gestor de la Consejería de Salud y, por supuesto, a la presidenta de la Junta, que en su día –febrero de 2016– llegó a tomar las riendas para silenciar el debate e impedir que la oposición legislase en el Parlamento y otorgase a los menores con trastornos el respaldo legal que necesitan. Ya por el mes de mayo, este periódico denunciaba que la propia Administración admitía que su idílico nuevo acuerdo marco presentaba lagunas, hasta el punto de que en el pliego de cláusulas administrativas que lo regula se dejaba sin presupuestar casi el 40% de las sesiones que la propia consejería de Salud estimaba necesarias para los menores. En concreto, se podía leer que «la evidencia científica actual y la experiencia adquirida a través de los años de seguimiento y recogida en el sistema de información de Atención Temprana ha permitido establecer a un grupo de profesionales expertos formados por la Consejería de Salud que la media del número de sesiones de intervención mensual es de ocho al mes por niño o niña», pero «la disponibilidad presupuestaria existente conlleva que en el presente acuerdo marco se contemple, inicialmente, un número medio de sesiones de cinco al mes por niño o niña». Así se especificaba en el apartado 3 del Anexo I-A. La realidad un año después es mucho más dramática. Los casi 20.000 niños tratados en 2016 recibieron una media de 2,65 sesiones al mes, lejos de ese mínimo de 5, según los datos aportados por la propia Dirección General de Salud Pública, área de la Consejería de Salud a la que está adscrita la Atención Temprana, y a petición formulada por Antonio Guerrero al Portal de la Transparencia. Los datos se desglosados son los siguientes: Almería, 1.356 menores y 37.610 sesiones; Cádiz, 2.829 menores y 114.257 sesiones; Córdoba, 1.903 menores y 68.660 sesiones; Granada, 2.051 menores y 57.486 sesiones; Huelva, 984 menores y 35.486; Jaén, 1.112 menores y 34.704 sesiones; Málaga, 4.877 menores y 134.279 sesiones; y Sevilla, 4.886 menores y 136.944 sesiones. Todo esto después del mayor gasto anual histórico comprometido, 15,9 millones, y 14,5 millones ejecutados. Ni siquiera con el presupuesto previsto para 2017 y ejecutado en su totalidad, 20,9 millones de euros, se alcanzarían las 4 sesiones por menor. Pero lo más significativo, y así lo denuncia la plataforma de las familias, es que sólo el 40% de la inversión acaba en los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT), pues el 60% restante se destina a gastos de personal, una medida que la consejería «prorratea» con independencia del departamento. Sin estar en el SAS, la Atención Temprana acaba cediéndole parte de sus recursos, aunque parezca increíble.

Las unidades de valoración, en marcha con cinco meses de retraso

El pasado 30 de abril entró en vigor el nuevo decreto. La Junta asegura que se están atendiendo a más menores, que se están reduciendo los tiempos de espera y que se ha aumentado el número de centros y sesiones. La Consejería por fin ha empezado a poner en marcha las unidades de atención infantil temprana (UAIT), una de las novedades, destinadas a valorar las necesidades de los menores a través de pediatras y psicólogos. Ayer mismo se anunció la entrada en funcionamiento de la unidad de Córdoba, con el objetivo de «garantizar la coordinación entre profesionales de los CAIT y los centros de salud, así como la continuidad asistencial entre los equipos de Pediatría de Atención Primaria y de la red hospitalaria». Debían estar en funcionamiento el 1 de septiembre de 2016 y lo han hecho cinco meses tarde. En la práctica, los padres lamentan que la reducción de la lista de espera se haga a costa de una mayor reducción de sesiones de los menores que ya se hallan en el sistema Alborada. Además, a raíz de las últimas licitaciones, se están generando situaciones controvertidas, pues se están derivando niños del espectro Autista a centros de Síndrome de Down que han obtenido lotes generalistas.