Las universidades, sin un sistema de «gestión y control de costes»

Las diez universidades públicas de la comunidad –una en cada provincia más la Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía– no salen bien paradas del último informe de la Cámara de Cuentas relativo al ejercicio 2012. Especialmente en lo que atañe al control contable. Señala el órgano fiscalizador que, al cierre de 2012, «las universidades andaluzas no disponían de un sistema de gestión y control de costes o contabilidad analítica, constituyendo ello el incumplimiento del artículo 94.3 de la Ley Andaluza de Universidades, y un importante obstáculo para realizar el análisis y verificación de la eficacia, eficiencia y economía de su gestión». Este ha sido uno de los obstáculos que se han encontrado los auditores encargados de realizar el informe, pero no el único. «En general –abunda el informe– las deficiencias, incoherencias y constantes correcciones que ha supuesto la obtención de la información, consecuencia de su excesiva dispersión y de la falta de coordinación entre las unidades generadoras y las depositarias (...) ha limitado en determinadas ocasiones el examen, análisis y obtención de los indicadores y ratios, además de condicionar los resultados relativos al conjunto de las universidades de Andalucía».

En el mencionado ejercicio las diez universidades contaban con un total de 27.262 trabajadores, 112 más (0,41 por ciento) que en 2008, que fue cuando se produjo el último examen de la Cámara de Cuentas. Resulta destacable que más de la mitad de la plantilla de las universidades sea Personal Administrativo y de Servicios (PAS). En concreto, en 2012 las universidades contaban con 17.311 docentes frente a 9.951 PAS. Mientras que la plantilla docente bajó en un 1,11 por ciento desde 2008, la de administrativos se incrementó en un 3,18 por ciento, tal y como recoge uno de los cuadros explicativos del informe.

Donde pone sin embargo el foco la Cámara de Cuentas es en el elevado número de órganos de gobierno y de representación. En total, 15.323 personas formaban parte en 2012 (1.127 más que en 2008) de los órganos colegiados de la Universidad, que son el Consejo Social, el Consejo de Gobierno, el Claustro y los Consejos de Departamento. Estos últimos aglutinan el grueso de la representación.

Aun cuando se dispone de planes estratégicos definidos de carácter general –recoge asimismo la Cámara de Cuentas– salvo la Universidad de Jaén, y «de forma parcial y limitada», el resto «no soportan sus presupuestos anuales con un detalle de los programas pormenorizados por objetivos, actividades, recursos e indicadores vinculados a dichos presupuestos y a los planes estratégicos».

En el capítulo de rendición de cuentas también añade el órgano auditor que «se ha verificado la falta de regulación en cuanto al plazo que ha de cumplir la Consejería de Economía para depositar en el órgano de fiscalización de la comunidad las cuentas recibidas de las universidades. En los últimos años han transcurrido más de dos meses desde la fecha de recepción por parte de la citada Consejería».

Más grave es otra de las reservas que hace la Cámara de Cuentas en este mismo capítulo de rendición contable. «Hasta la fecha la comunidad andaluza no ha llevado a cabo la elaboración de un plan de contabilidad de aplicación a las universidades andaluzas. Ante este hecho, las universidades muestran una postura discrecional en las bases de presentación, adaptación y aplicación de sus estados financieros. No obstante, consumado el proceso de transferencia de competencias a la comunidad, las universidades debieron someterse a la regulación contable entonces disponible en la comunidad autónoma y, en su defecto, por supletoriedad a nivel nacional».