Los cargos de Cs están obligados a pagar el 10% de sus ingresos netos al partido

Pueden ser sancionados si no cumplen con ese compromiso adquirido en una «carta ética»

Se han clavado muchas palabras sobre las donaciones que los cargos públicos de Podemos realizan a su formación, pero no es el único partido que se autoproclama alejado de viejos engranajes en el que se producen. LA RAZÓN ha tenido acceso a una batería de «cartas éticas y financieras» que tuvieron que firmar integrantes de las listas andaluzas de Ciudadanos (Cs) antes de las elecciones municipales de mayo de 2015 en las que se incluye un apartado que obligaba a los aspirantes a cargo a «contribuir a la financiación del partido mediante la aportación del 10 por ciento del total de los ingresos netos» que les correspondieran en el caso de «resultar elegidos en las listas de Cs, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos del partido». «En todo caso», se añade en los documentos consultados por este periódico, deberían también «facilitar la gestión por parte de los órganos competentes del partido de los ingresos derivados de la financiación de los grupos parlamentarios o municipales» en los que se integraran.

El nido de compromisos que se recoge en la mencionada carta incluye otros puntos vinculados a las finanzas, como el deber de «dedicar los ingresos que se pudieran obtener para los grupos parlamentarios o municipales al pago de los créditos que el partido hubiera podido contraer para hacer frente a los gastos de sus respectivas campañas electorales». Junto a ello, a los futuros cargos públicos se les pidió que efectuaran «una declaración jurada de sus bienes» al acceder al puesto institucional en representación de Ciudadanos y otra al abandonarlo. Y hay más. Que se atuvieran, «en su actividad como candidato» y en la desarrollada ya en una administración, de alcanzarla como integrante de una lista de la formación naranja, a «los acuerdos adoptados por los órganos centrales del partido y cumplirlos en su integridad». «Siguiendo en todo momento –se suma– las directrices que de ellos emanen». A esas cuestiones se cosieron otras como la de «guiarse» por «los más estrictos principios éticos de servicio público y de compromiso con la ciudadanía» o la de «no efectuar sin autorización de los órganos centrales del partido, ni aún a título personal, manifestación alguna que pudiera comprometer la independencia de criterio» de la formación. Estas obligaciones, entre ellas las de destinar el 10 por ciento de lo percibido, habrían quedado «reforzadas», según ex cargos de Cs, por un reglamento interno que se elaboró en 2016 a priori para el grupo del Congreso, pero para hacerlo luego extensible al del Senado, los parlamentos y los grupos municipales. Éste recogería la posibilidad de sanciones económicas «de entre 600 a 900 euros» en el caso de incumplimiento. Fuentes de Cs admiten la existencia de ese reglamento en el que se fijan multas que no concretan, pero matizan que es similar al «que tiene el resto de los partidos. Sin nada raro», aseveran.