Los ecologistas avisan a la Junta de «irregularidades» en la mina de Riotinto

Empujados por el viento de acción que suele mover a los integrantes de Ecologistas, la organización registró el 17 de agosto un escrito de queja dirigido a la nueva viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, Antonia Jesús Moro, motivado por la «falta de transparencia con la que son tratados» en Huelva y por las «irregularidades que se producen en la explotación de la mina de Riotinto», explica a LA RAZÓN uno de los firmantes del texto, el responsable andaluz en asuntos mineros, Antonio Ramos.

En el documento de ocho páginas, al que accedió este periódico, los ecologistas esparcen datos sobre lo que consideran un «proceder obstruccionista» por parte del «jefe de Departamento de Minas en la Delegación Territorial» onubense, antes de reclamar un rosario de documentación.

Explican a Moro que «no es la primera vez» que han de acudir a «instancias superiores de la consejería», por las «negativas» del mencionado cargo a proporcionarles información a la que tienen derecho por ley o a contestar a sus escritos. De hecho, piden una reunión «en presencia» de la viceconsejera con ese jefe de departamento para que les «aclare su actitud ante esta organización». Es más, relatan que ya le solicitaron ese encuentro, pero «no tuvo a bien personarse».

Sí respondió el pasado 4 de agosto a otro escrito de febrero de este año de Ecologistas en Acción. Una réplica de la que se deduce, según los activistas, que «no tenían conocimiento» hasta que ellos alertaron de la «existencia de unas balsas no contempladas en el proyecto» presentado por la empresa Emed Tartessus –fundada por la multinacional Emed Mining para restablecer la actividad minera en la cuenca de Riotinto– con el fin de lograr la Autorización Ambiental Unificada (AAU)». Un «hecho ilegal» del que los ecologistas hasta aportaron fotografías y avisaron «telefónicamente» en la delegación onubense.

En ese sentido, recuerdan en su actual escrito que se dio luz verde al plan para el reinicio de las labores de explotación de la mina con una serie de condicionantes cuyo «incumplimiento» podía dar lugar a la revocación de aquél. «El contenido de la AAU –advierten– forma parte de manera indubitada de la resolución de reinicio».

Entienden que «las facultades administrativas de la Delegación Territorial» de Minas de la Junta en Huelva permiten que, «no estando» las fotografiadas balsas en el proyecto armado por Emed para la obtención de la AAU, ésta «puede y debe» ordenar «su demolición» sin «papeleos absolutamente innecesarios» de por medio, cuya «pretensión» es, a juicio de Ecologistas en Acción, «darle a ganar tiempo a Emed en una clara connivencia con la misma». Desde ese punto de partida, Ramos y el coordinador de la entidad «verde» en Andalucía, Eduardo Gutiérrez, reclaman documentos entre los que se encuentra el proyecto de las presas en la Corta Cerro Colorado expuesto por Emed y datos relativos al informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) ligado a este plan.

En su queja, los activistas demandan además del Gobierno regional que aclare de una forma «expresa y concreta» si se ha autorizado el reinicio de cualquier actividad en Riotinto –Economía aprobó este enero la resolución de permiso para arrancar los trabajos y el plan de restauración del complejo minero– y, de ser que no, que se justifique «cómo y por qué» se han almacenado «140 toneladas de concentrado». Sobre todo, teniendo en cuenta que para llevar a cabo tal acopio, se «ha tenido que volar el mineral y su estéril correspondiente, que habrá sido depositado en las escombreras que se habrán tenido que activar para ello; acarrear el mineral hasta la trituradora; procesarlo; generar residuos en la flotación, que habrán sido enviados a las presas de residuos; etc». El no considerar esto como iniciar la actividad es para los ecologistas «o bien un acto por parte del responsable de Minas de la Delegación que puede ser punible por ley», o bien «ceguera ante hechos constatables». En cualquier caso, creen que esos movimientos constituyen «una infracción por parte de la empresa que tiene que cesar toda actividad, hasta no cumplir» lo establecido en la AAU. Una circunstancia que, aseveran, no ocurre de momento.

«O es que –se preguntan en su texto– no se han dado cuenta de que para la existencia de este concentrado –las 140 toneladas– ha habido que procesar mineral y, por tanto, que reiniciar la explotación», insisten. Para concluir, apuntan que como Moro «no ha podido tener tiempo desde su incorporación a la consejería –fue nombrada en el cargo a finales de junio– para conocer detalles de incumplimientos» de la Autorización Ambiental, le adjuntan una «relación de actuaciones previas» a la puesta en marcha de la actividad que «no se han realizado».