Los ERE suma otra pieza con un auto en el que se ligan ayudas al PSOE

La instructora de la «macrocausa» sobre los ERE fraudulentos, María Núñez, continúa desmembrando las diligencias armadas por su antecesora, la jueza Mercedes Alaya, a la espera de que la Audiencia de Sevilla se pronuncie sobre el asunto. A la rama política y al bloque formado por una ayuda concedida a la empresa Acyco, suma ahora otra pieza separada relacionada con Surcolor en la que ha listado a trece imputados. Hay entre ellos nombres incluidos en los tres apartados como los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez, Francisco Javier Guerrero y Daniel Alberto Rivera, o el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández. A ellos se añaden, entre otros, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el llamado conseguidor de los ERE, el ex ugetista Juan Lanzas; o los ex trabajadores de Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín.

En su auto, fechado el 26 de noviembre y al que accedió LA RAZÓN, Núñez relata que a principios de 2006 el también imputado José Antonio Márquez, concuñado de Rivas y de José Acevedo, supo de la concesión por parte de la Junta de «ciertas ayudas a personas vinculadas al PSOE». Le pidió ayuda a Acevedo, al encontrarse en el paro, y éste le remitió al que entonces era concejal socialista en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla), José Antonio García, que era quien desde esa localidad sevillana «organizaba la solicitud de tales ayudas». «Prevaliéndose de su relación personal» con Rivas, continúa la jueza, contacta con el edil que le «concertaría una cita» con Guerrero a quien, según la exposición del auto, acabarían entregando a la salida de un bar la documentación personal para demandar los fondos del interesado y de «otro afiliado al PSOE, Juan Manuel López Espadas». Al ex director de Trabajo, la magistrada lo acusa de ordenar después a la mediadora de seguros Vitalia que «se introdujeran a estos dos favorecidos ilícitamente en la póliza relativa a la ayuda sociolaboral de alguna empresa». De hecho, en la resolución se recoge que el 28 de junio de aquel año, Guerrero remitió una «escueta comunicación a la aseguradora Apra Leven mostrando su conformidad» para que se suscribiera una póliza para 26 trabajadores de Surcolor, «sabiendo, por indicación de Vitalia», que sólo eran 24, más los «intrusos» Márquez y López. La investigación refleja que el primero cobró en julio 6.380,65 euros y luego una media de 1.300 mensuales hasta el 31 de enero de 2010, fecha de su jubilación; y el segundo percibió algo más de 1.000 euros mensuales desde el 1 de julio de 2006.

Núñez apunta que el Gobierno andaluz «comprometió el pago de una prima final de 2.340.137,30 euros» en el caso de Surcolor, pese a que «no existió indiciariamente», más allá de «la suscinta» comunicación de Guerrero a la aseguradora, «la menor cobertura legal a dichos compromisos de pago hasta la resolución de encomienda de ejecución de 21 de diciembre de 2009 dictada» por Juan Márquez. A ésta le seguirían otras tres en febrero, septiembre y octubre de 2010, las dos últimas rubricadas por Rivera. Ninguna dejó fuera a los dos «intrusos».