Los letrados del ente pagador de los ERE no entraron a «destripar» las operaciones de Empleo

El ex jefe jurídico de IDEA afirma que no tenían «libertad de acción» respecto a los convenios de ayudas

Ávila asegura que «en absoluto» sospechó que «se estaba ocultando alguna clase» de irregularidad

Enfrentar el pasado sin edulcorantes no siempre es fácil. El que fuera secretario y jefe de la asesoría jurídica de la agencia IDEA, antes IFA, entre el verano de 2004 y principios de 2009, José Antonio Ávila, recuerda esa etapa con zonas grises, según se puede desprender de su declaración como testigo de ayer en el juicio de la pieza política de los ERE. Sus respuestas estuvieron teñidas del socorrido «no recuerdo» aunque dejaron clara una circunstancia: la asesoría, integrada en su etapa por unas siete personas que nunca hicieron informes por escrito, «no tenía libertad de acción», en relación a «los tema de Empleo».

En el sistema que la Junta articuló para abonar las ayudas que nutrieron los ERE, el IFA e IDEA actuaron de cajas pagadoras gracias al convenio marco que se firmó con la Consejería de Empleo en 2001. A Ávila le «llamó la atención», admitió, que se tratara de expedientes que no se habían tramitado en la agencia, pero «vio el convenio marco» y pensó que «era una encomienda» de Empleo y «nada más». Luego fue consciente también de los pactos particulares firmados al amparo de aquel matriz y que «iban a una persona que llevaba cierto control» sobre ellos y que no era él. Si bien, subrayó que «no tenían ninguna capacidad» para modificar nada sustancial, que corregían algunos datos, miraban que el convenio estuviera «medianamente presentable» y hasta ahí. Es más, a preguntas de la Fiscalía aseveró que en la asesoría jurídica que condujo no entraban a «destripar la propia operación en sí» porque no tenían otro criterio «nada más que» lo que les enviaban y no negociaban el contenido.

«Partíamos de la base –sostuvo– de que era una decisión que adoptaba la dirección general de la consejería de la que nosotros dependíamos orgánicamente y, como consecuencia de eso, no nos planteábamos su ilegalidad sino que presumíamos que eran legales, como debe ser, y no pensábamos que tuviesen irregularidad alguna». El cargo de la Junta, aún en ejercicio en Granada, mantuvo ante el tribunal que su misión no era cuestionar la legalidad o no de aquellas ayudas y que partían de que «los actos administrativos dictados» por la Dirección General de Empleo eran legales. El testigo explicó que hasta ellos llegaban «los dos papeles» de los convenios individuales y que si se trataba de una ayuda sociolaboral y afectaba a «determinado número de trabajadores» pedían la relación de éstos para que se anexara «firmado por el órgano que se lo enviaba». Punto en el que admitió: «Que se nos pasase alguno es posible». Para apostillar, a silencio seguido: «Pero quizás, a lo mejor, se hubiese controlado en otro estamento». Afirmó no haber conocido entonces los reparos de la Intervención de la Junta y al presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, le aclaró que entendían que si no había asistencia técnica por parte de su asesoría, porque no la solicitaban, ni se creaba comisión de seguimiento, los convenios particulares se ceñían para ellos a «pasar al órgano pertinente de la agencia la autorización» para que se rubricara y se ejecutara «la orden de pago». Al recordarle el juez que había dicho que alguien los revisaba, Ávila insistió en que «poco» podían hacer. Entonces el magistrado quiso saber en qué podía consistir ese «poco» y el testigo lo redujo a que el acuerdo que adoptase el órgano que debía firmar el convenio, lo que dependía de la cantidad de la subvención, estuviese «bien redactado», que reuniera los pertinentes «aspectos formales». Tras pasajes de una aparente memoria selectiva, Alfonso Martínez del Hoyo, abogado del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, le interrogó por si tuvo alguna sospecha de que «se estaba ocultando alguna clase de irregularidad». «En absoluto», garantizó. El letrado fue más allá: ¿hubiera acudido a la Fiscalía o a sus superiores si la hubiera tenido? Ávila intentó ser rotundo: «Si llegamos a saber, no le digo ya que hubiese ilícito penal, sino que los procedimientos no fuesen los adecuados por parte de la consejería, pues claro que lo hubiésemos manifestado», desplegó.

Al margen del gabinete legal de la Junta

Una de las conclusiones que quedó en el aire tras la declaración del que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta entre 1982 y 2012, el ahora investigado Francisco del Río, fue que la Junta repartió los 741 millones de euros en los que se esconde el presunto fraude de espaldas a su equipo de letrados. Ayer el ex jefe de la asesoría jurídica de la agencia IDEA –ente que hizo de caja pagadora del dinero–, José Antonio Ávila, reconoció que no conocía «a ninguno» del gabinete jurídico del Gobierno andaluz y que nunca les pidieron un informe. El abogado defensor Juan Carlos Alférez se interesó por la causa por la que no lo hicieron y el aludido apuntó que no podían porque «no tenían convenio» que lo permitiera.