Los padres de la concertada ultiman un aluvión de reclamaciones

El argumento de la bajada de la natalidad sirvió a la consejera de Educación, Mar Moreno, para complacer a Izquierda Unida. El socio del PSOE en el Gobierno andaluz plantea en su programa político acabar con la enseñanza concertada. En el curso 2013-14, como un primer paso, se suprimirán siete unidades, de Infantil de tres años y primero de Primaria, en otros tantos colegios andaluces. Los centros en cuestión son San Francisco Solano de Montilla (Córdoba), Nuestra Señora del Carmen de La Palma del Condado (Huelva), Sagrado Corazón de Bailén (Jaén), Presentación de Nuestra Señora de Linares (Jaén), Santo Domingo Savio de Úbeda (Jaén), San Juan Bosco de Morón de la Frontera (Sevilla) y Calasancio Hispalense de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla). Todos pertenecen a Escuelas Católicas de Andalucía (ECA). Por ello, representantes de sus 418 centros titulares y de las asociaciones de padres tuvieron un «gesto de unidad» contra lo que consideran una «agresión» a la educación concertada y al «derecho a elegir el centro que consideran más adecuado para sus hijos a los padres». Unas 300 personas acudieron a San Telmo para registrar un escrito en el que exigen a José Antonio Griñán que renueve el concierto solicitado por los siete centros afectados.

ECA advierte de que esta reducción de unidades «supondrá en los próximos años la pérdida de cien aulas y la destrucción de cien puestos de trabajo», todo ello pese a que los centros tienen sobrada demanda para cubrir las plazas y «premiando el mantenimiento de centros públicos sin alumnos y sacrificando la calidad educativa». En el escrito se incide en el «carácter sectario, intolerante y exclusivamente ideológico» de la medida del bipartido y reflejan el «giro extremista» en la política educativa que ha supuesto la coalición con IU. Y es que según Carlos Ruiz, secretario de ECA, la reducción de unidades se multiplicará en los próximos años por los tres años de Infantil, seis de Primaria y cuatro de Secundaria: «Que se juegue con la educación con otros fines es una vergüenza». Carlos Seco, en representación de Concapa, defiende el derecho constitucional (art. 27) de los padres a elegir el modelo educativo

En el escrito se incide en el «carácter sectario, intolerante y exclusivamente ideológico» de la medida del bipartido y reflejan el «giro extremista» en la política educativa, advirtiendo además del inicio de nuevas medidas.

Mañana hay prevista una reunión de los titulares de ECA en la que se decidirán nuevas movilizaciones, aunque la vía legal ya está en marcha. Una vez que el día 13 se publiquen los listado de admitidos se interpondrán los recursos contencioso-administrativos, con una novedad: los padres afectados que se queden sin plaza también utilizarán esta vía, solicitando medidas cautelares, «por si pudiera establecerse la provisionalidad de la medida con el mantenimiento del concierto», explicó el asesor jurídico Jesús Muñoz de Priego.

En este sentido, una resolución favorable de las cautelares solicitadas por los centros y padres de la enseñanza diferenciada, también afectados, supondría un espaldarazo. El coste de una unidad «se eleva considerablemente», «superando los 10.000 euros» sin contar el profesorado. El mantenimiento a coste cero se antoja inviable. El sindicato FSIE mostró su apoyo y recordó que «la Ley de Educación establece que el sistema educativo lo componen los centros públicos y los concertados».