Los recortes de PSOE-IU, al desnudo

El segundo presupuesto elaborado al alimón por PSOE e IULV-CA, dotado con 29.619,6 millones de euros, un 3,5% menos que el del ejercicio anterior, arranca con polvareda. Las dos formaciones que sustentan el Gobierno han asegurado que se trata de las mejores cuentas posibles, pero distintos agentes sociales no parecen compartir esa afirmación.

El Parlamento autonómico acogió ayer la primera jornada del debate final del Presupuesto para 2014 que se preveía tranquila y de mero trámite, dado el anunciado rechazo de las enmiendas del PP. Pero hubo cierto giro de guión. Pocos minutos después del inicio del Pleno, el presidente de la Cámara, el socialista Manuel Gracia, ordenó desalojar de la tribuna de invitados a una decena de manifestantes que portaban pancartas, algunos de los cuales, llevaban el torso desnudo con mensajes como «La Junta nos roba».

Acababa de arrancar la intervención del portavoz de IULV-CA Ignacio García cuando Gracia pidió a los servicios de seguridad de la Cámara que desalojaran a los manifestantes, que portaban carteles en los que se podía leer, junto al logo de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF-A), «Nosotros no somos los culpables». Fueron desalojados de manera pacífica, pero su intervención fue el preludio de una jornada de protestas. Centenares de empleados públicos de la Junta, desplazados en autobuses desde todas las provincias y mayoritariamente de CSIF, se concentraron por la tarde ante la sede del Parlamento en protesta por los recortes en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre de 2013 y 2014, a lo que hay que sumar «la pérdida total de las ayudas de acción social». El presidente del sindicato en Andalucía, José Luis Heredia, se quejó de que la Junta haya decidido no restituir el complemento de las extras. Heredia se refirió a la presidenta del Ejecutivo regional, Susana Díaz, para sostener que, pese a decir «que sus empleados son los mejores», se está comportando de una forma «inaceptable» con ellos.

La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes (FASPI) –integrada por SAF, SMA y la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA)– también se concentró durante horas a las puertas de la Cámara. Repartieron unas misivas en las que explicaban el «abatimiento del sector» y manifestaron, con lemas como «¡No a la privatización de los servicios públicos!», su absoluto desacuerdo con «unas medidas de contención que siempre recaen sobre los ciudadanos, mientras la costosa externalización o los privilegios económicos de altos cargos y diputados, entre otro despilfarros, quedan ilesos de cualquier tijeretazo». Con consignas como «Stop al blindaje, no más pillaje» hicieron referencia a la disposición adicional decimoctava –«contratación de personal por las entidades instrumentales del sector público»– del Presupuesto. Cabe recordar que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) alertó de que la Junta había incluido «de rondón» dicha disposición «de manera indefinida» y advirtió de que «podría convertirse en un posible blindaje del personal externo al autorizar a las agencias públicas a contratar personal indefinido de agencias». Por su parte, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) instaló en los aledaños de la sede parlamentaria una mesa y una pancarta con la leyenda: «Escuela pública de todos, para todos». Mientras, en el interior de la Cámara, fueron rechazadas las 281 enmiendas del PP analizadas, que correspondían a las consejerías –más sus entes adscritos– de Presidencia, Administración Local, Hacienda y Administración Pública, Economía, Igualdad y Salud, Educación, Justicia y Fomento y Vivienda. El diputado popular Rafael Salas lamentó que en este Presupuesto «nadie se salve de las tijeras de doña Susana Díaz».