Más de 542 millones comprometidos para UGT y CC OO desde 2018 y hasta diciembre

Los Gobiernos socialistas han consignado en torno a 130.000 millones de euros para la concertación social desde 1991

Uno de los principales escollos del nuevo Gobierno andaluz –traspaso de poderes «aceptable pero mejorable» aparte– proviene de la «herencia» recibida. El presidente Juanma Moreno ha admitido que no podrá bajar todos los impuestos a la vez, como contemplaba en principio. El vicepresidente andaluz, Juan Marín, cuantificó las sentencias contrarias a la Junta en casos como el Nevada «en más de 700 millones y hasta 800 millones». Otro escollo, a falta de Presupuesto, pasa por la imposibilidad de aplicar en el tiempo estimado algunas de las medidas prometidas por PP y Cs. Tal es el caso de la subasta de medicamentos, con compromisos para dos años. La relación con los sindicatos también está supeditada a los acuerdos pretéritos. La primera reunión con las plataformas sindicales de Juanma Moreno abrió el quórum más allá de CC OO y UGT, los sindicatos de clase predilectos para el PSOE. De hecho, el Gobierno socialista deja en herencia un convenio entre la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y CC OO y UGT en el marco de la concertación social. El Acuerdo por la Calidad y Estabilidad en el Empleo y de Apoyo a la Negociación Colectiva en Andalucía, según comprobó LA RAZÓN, compromete un total de 542.443.483 euros para estos sindicatos desde la firma en julio de 2018 hasta diciembre de 2019.

La concertación social ha sido la fórmula de los Gobiernos socialistas –junto a otra serie de prácticas investigadas en los juzgados como los ERE irregulares– para el mantenimiento de la llamada «paz social». Sólo desde 1991 y hasta la llegada de Susana Díaz al poder en 2013, alrededor de 128.000 millones movilizados bajo el marchamo de la legalidad en busca, en teoría, de un cambio de modelo productivo y de la creación de millones de puestos de trabajo a través de planes de empleo. La eficacia del resultado quedó en entredicho cuando la Cámara de Cuentas confirmó en un duro informe las irregularidades en relación a las partidas finalistas para formación gestionadas, principalmente, por la patronal y los sindicatos de clase: entre 2009 y 2010, 800 millones en cuestión. Con el montante de la llamada «paz social» se podrían haber adjudicado 32 inversiones como las del Canal de Panamá, a razón de 4.000 millones por obra.

Hasta 2009 y desde 1995 se consignaron 109.000 millones, según los diferentes acuerdos de concertación social; 83.000 para los sindicatos, 26.000 para los empresarios. El PP estimó que con ese montante se podrían haber creado cuatro millones de empleos. Sólo en 2011, la Junta movilizó casi 10.000 millones en el desarrollo de iniciativas públicas (4.956,4) y privadas (4.635) incluidas en el acuerdo de concertación. Según dijo la Junta, esta inversión permitió el mantenimiento de 342.240 empleos, entre los creados y no destruidos. El VII Acuerdo de Concertación Social (2009-2013) «pretende movilizar 19.000 millones a través de más de 300 medidas de apoyo a la economía productiva y el empleo». En resumen, 109.000 más 19.000 suman 128.000 millones.

Tras el breve divorcio de Susana Díaz con los sindicatos a cuenta del caso de la formación y los ERE, el Gobierno socialista continuó en la misma línea. El desglose de las cantidades comprometidas desde 2018 hasta 2019 se reparte entre diferentes medidas. Para «la adecuación de las políticas activas de empleo para la mejora de la empleabilidad y adaptación a las necesidades del mercado laboral», 159.450.000 euros. Para el «fortalecimiento del Servicio Andaluz de Empleo y mejora de la calidad del servicio público», seis millones. Para el «desarrollo de un Plan de apoyo que refuerce la negociación colectiva (2018-2021)», 1.136.000 euros. Para la «aprobación e impulso de medidas de fomento del empleo estable y de calidad, que favorezcan la reducción de las tasas de desempleo», 339 millones. Para «desarrollar un sistema de detección de enfermedades profesionales y su declaración en Andalucía», 300.000 euros. A «realizar un análisis periódico de la siniestralidad laboral», 12.000 euros. A la «puesta en marcha de una campaña de sensibilización en seguridad y prevención laboral, para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y sensibilizar sobre la cultura preventiva en la sociedad andaluza», 600.000 euros. El «nuevo modelo formativo en atención a las demandas del tejido productivo, así como instar al Gobierno central a que reforme el actual marco normativo de Formación Profesional» conlleva 35 millones. Para «reforzar el diálogo y la concertación social para acordar medidas que generen empleo estable y de calidad», 945.483 euros.