Más de cien mil mujeres conviven con el maltrato

El 25N era la fecha que mejor se ajustaba para las elecciones que finalmente se celebrarán el próximo domingo. Elegir ese día habría desviado la atención de una reivindicación histórica y cada año más necesaria: el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No han sido tan sensibles los políticos europeos, que lo han hecho coincidir con la cumbre sobre el Brexit –la salida de Reino Unido de la UE–.

En las ocho capitales hay convocadas manifestaciones que teñirán de morado las calles. Serán las primeras que se celebran tras la multitudinaria huelga general del 8 de marzo pasado. Y hay todavía más motivos que entonces: en concreto, cien mil, que son las mujeres que conviven a diario –o han convivido– con el maltrato, según el registro oficial sobre violencia de género. Faltarán a la convocatoria las casi doscientas asesinadas en los últimos quince años. No lo harán los partidos políticos, que integrarán sus actos de campaña con las protestas por los asesinatos machistas.

La estadística negra se ha incrementado recientemente con dos muertes investigadas en 2016 en Málaga y Granada, tras confirmarse que los autores habían sido pareja de las fallecidas, según consta en el boletín estadístico de septiembre de la Delegación del Gobierno. En este 2018, los asesinatos continúan. Once mujeres más muertas –diez adultas y una niña–, prácticamente las mismas que en los dos años anteriores. La violencia no cesa.

El Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género (Viogén) contabiliza a 111.681 mujeres maltratadas. Las instituciones han comprendido la raíz y comienzan a quitar el foco de las víctimas. La última campaña publicitaria puesta en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla es un ejemplo de ello. «Mujeres libres, no valientes», reza el cartel, con una imagen impresa de un la mano de un hombre agrediendo a una mujer con minifalda, mientras ella le agarra el brazo para impedirlo. El mensaje, ideado por alumnos de Bachillerato, es el contrario al que durante décadas se ha lanzado –y que siguen trasladando tribunales como el que juzgó a los violadores sevillanos autodenominados «la Manada»–: las mujeres no tienen que defenderse, tiene que cesar la agresión.

Algo que hay jueces que no acaban de entender. El pasado jueves de nuevo la Audiencia de Navarra condenaba a solo diez meses de cárcel a un hombre que intentó matar a su mujer. La estranguló y le asestó una puñalada delante de sus hijos, de 3 y 6 años. Como solo lo hizo una vez y no la mató, la Audiencia lo considera «maltrato ocasional». La mayoría de mujeres asesinadas nunca han denunciado. Otras muchas sí lo hicieron y aún así, también las mataron sus agresores, unos reincidentes, otros en su único episodio violento.

En Andalucía, más de quince mil mujeres están bajo la protección del sistema para evitar ataques de sus exparejas. Para 38 de ellas, su vida corre un riesgo alto o extremo. Viven continuamente protegidas, temiendo ser localizadas. Otras nueve mil disponen también de medidas de seguridad o de órdenes de alejamiento por el riesgo de volver a ser atacadas. Finalmente, 6.500, para las que no se aprecia peligro inminente, mantienen medidas de seguimiento esporádicas –revisiones de su caso cada tres meses–, pudiendo variar su situación en cualquier momento, algo que determinan los especialistas policiales. Para muchas, el riesgo se extiende a sus hijos pequeños. Los niños víctimas de maltrato siguen sin incluirse en esas estadísticas de protección, que multiplicarían los afectados por esta lacra. Antes, ni siquiera contaban en este ámbito sus asesinatos.

De los 121.000 casos contabilizados de maltrato en Andalucía, 105.000 se encuentran actualmente inactivos. Se trata de casos que por determinadas circunstancias, se considera que, temporalmente, no es preciso que sea objeto de atención policial y pueden reactivarse en cualquier momento, según detalla el Sistema Viogén. Esas son solo las que figuran en los datos oficiales. Muchas víctimas se saltan este trámite y pasan a engrosar directamente la amplia lista de asesinadas. La actuación de la Justicia, en casos como los de «la Manada», o la inacción institucional –dos de las 39 asesinadas este año en España habían solicitado protección y les fue denegada– disuaden a algunas mujeres de pedir ayuda. Otras muchas no tuvieron la oportunidad: 29 han sido asesinadas sin que constaran denuncias. Solo puede entenderse como un fallo más de un sistema que sigue culpando a las víctimas –incluso judicialmente, rebajando condenas a maltratadores y violadores– de no haber evitado las agresiones.