Más plazas para niños de cero a tres años pese a quedarse vacías 16.000

Las cuentas no les salen a las escuelas infantiles privadas. Para el próximo curso se reparten 114.600 plazas entre centros públicos y concertados –1.600 más–. Estos últimos soportan el mayor número de alumnos –más de la mitad de la oferta, casi 63.000 plazas–; el resto se reparte entre escuelas públicas de la Junta (12.744) y administraciones locales (otras 37.400). Este año ya se han quedado vacías 16.000. «No faltan niños, lo que faltan son ayudas», advierte la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A). De hecho los números «cantan»: entre los tres y los seis años 260.000 niños acuden al colegio. El segundo ciclo de Infantil tampoco es obligatorio, pero sí gratuito. Esa es la principal diferencia. Porque hay familias que con un sueldo mensual de mil euros deben afrontar una cuota de 139 euros mensuales, el doble que hasta el año pasado. La aplicación de una nueva normativa, impuesta vía decreto por la Junta, es la responsable de que las familias tampoco sean capaces de cuadrar sus cuentas por haber cambiado, entre otras cosas, los límites de renta que dan acceso a esas ayudas.

La presidenta de la Coordinadora, María del Rosario de la Peña, augura que el curso que viene habrá aún más vacantes. Este año han pasado de cuatro mil a 16.000, según datos facilitados ayer en rueda de prensa. Durante todo este mes está abierto el plazo de solicitud y «de momento no se contempla ninguna convocatoria extraordinaria». Los centros esperan que la Consejería de Educación permita al menos otros dos períodos para que las familias opten tanto a las plazas como a la reducción en el precio. Porque no todas pueden asumir los 280 euros mensuales que cuesta escolarizar a los niños hasta que entran en el colegio. «Muchas familias han renunciado a su plaza», admiten.

La oferta en esta primera etapa, que cubre de las dieciséis semanas hasta los tres años, ha aumentado más de un 60% en la última década. Consejería y centros sitúan la incorporación temprana de los niños al sistema educativo como «clave» para el futuro éxito escolar –una afirmación discutible pero respaldada por la Estrategia Europea de Educación y Formación–. Tras la ruptura del año pasado, CEI-A admite que el diálogo con la Junta está abierto de nuevo. Su objetivo último es la vuelta al anterior modelo «más parecido a una concertación». Reclaman también que la apertura de nuevos centros se base en un estudio sociodemográfico que frene la pérdida de empleos, cifrada en un 12% este año. «No se puede sostener a los trabajadores con las aulas vacías, últimamente no cubrimos ni gastos. La Junta además prima en la adjudicación las plazas públicas», se queja José Luis Victorio, vicepresidente de CEI-A, tras aclarar que las vacantes en los concertados alcanzan el 14% frente al 4% de los públicos.

De la Peña critica otra «discriminación» que padecen: mientras que ellos solo pueden admitir niños en las fechas establecidas por la Administración, las escuelas públicas se permiten incorporarlos durante todo el año. «Tampoco podemos ofrecer las plazas libres de forma privada», insisten.

El debate sobre el coste de la plaza es recurrente. El precio lleva congelado desde 2009 y Andalucía es de las comunidades más baratas. Sin embargo, en otras se han articulado exenciones fiscales que permiten aflojar la presión económica sobre quienes no tienen otra opción por motivos laborales o desean escolarizar a sus hijos a esa edad. «Una escuela infantil no es un negocio», asegura la presidenta de la entidad. Y para respaldar su afirmación, de nuevo las cifras: el coste por alumno en un centro de titularidad de la Junta es cuatro veces mayor que si acude a uno privado –unos 8.860 euros frente a 1.840 al año–. Este cálculo lo ha realizado la propia CEI-A tomando el presupuesto global destinado a las escuelas en función de su titularidad. Para las 12.744 plazas de la Consejería se destinan 113 millones de un presupuesto global para esta primera etapa de Infantil de trescientos millones. El resto, se lo reparten desigualmente ayuntamientos y diputaciones y los concertados. Esto se debe principalmente a que en los gastos públicos computan otros factores como el mantenimiento, equipamiento y nóminas de los maestros.