Sevilla
Máxima tensión entre la Fiscalía y Alaya tras la prescripción de delitos
Segarra critica que la juez vierta «expresiones gratuitas» ajenas al proceso
Si no es una guerra pura y dura, poco le falta. La tensión entre la Fiscalía Anticorrupción y Mercedes Alaya sigue «in crescendo» cuando aún faltan meses de instrucción, atendiendo simplemente al calendario de declaraciones previstas. La prescripción de delitos en la rama del «caso Mercasevilla» que investiga la venta irregular de suelos ha sido la gota que ha colmado el vaso. La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, recriminó ayer a la juez que en el auto judicial en el que cerraba la causa sobre los empresarios implicados «se viertan expresiones gratuitas, absolutamente ajenas al debate procesal y a la argumentación jurídica que debe presidir una resolución judicial».
Mercedes Alaya responsabilizó a los fiscales del retraso en la causa por la actitud mostrada y del esfuerzo «inútil» que habían provocado, sin reflejar que ella misma tuvo en su mano la posibilidad de rechazar dicha petición o no ampliar los delitos imputados a los empresarios a primeros del mes de septiembre. Y Segarra, «sorprendida», hizo ayer patente su malestar porque considera que la juez «se pierde en reproches que no conducen a nada» cuando lo verdaderamente «importante es que la investigación llegue a su fin con la contundencia que el reproche social a las conductas fraudulentas merece».
La Fiscalía presentó ayer un escrito en el juzgado número 6 de Sevilla en el que repasa las numerosas ocasiones en la que advertía del riesgo de prescripción de los delitos que se investigan tanto en la causa de Mercasevilla como en la «trama de los ERE».
Fuentes del caso señalaron a Efe que se trata de delitos que llevan aparejado un plazo de prescripción de entre tres y cinco años entre la comisión del delito y la fecha en la que se dirige la acción judicial contra los acusados en forma de denuncia o imputación. En el caso de los ERE fraudulentos las advertencias datan de hace más de dos años, cuando comenzaron a investigarse las ayudas sociolaborales a empresas. Y en el de Mercasevilla, en 2010 la Fiscalía presentó un escrito en relación al delito societario investigado en la lonja municipal en el que ponía en alerta de la posible prescripción de las ilegalidades cometidas hace más de cinco años incluso si fuesen consideradas como un delito continuado.
La relación entre ambas partes se enturbió ya hace tiempo. Dos «macrocausas» como los ERE y Mercasevilla requieren de una sincronización que ahora no existe, cuando la falta de medios técnicos y humanos para acelerar los procedimientos debería ser el punto de referencia de las quejas de uno y otro.
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