Palomares del Río, una pequeña localidad del Aljarafe sevillano que roza los 8.000 habitantes, cuenta con un triste galón en su historia democrática: ser el primer pueblo de España en entrar en quiebra a causa del parón del sector de la construcción. Ahora, cuando la situación parece reconducirse y, a un año vista de las elecciones municipales, la oposición –tres concejales del PSOE, otros tres de IU y el único representante de Unión de Izquierdas de Palomares del Río (UIPR)– plantea una moción de censura contra la alcaldesa popular, Dolores Rodríguez, quien se pregunta «si formarán un gobierno sin personal de confianza o no cobrarán por asistir a las juntas de gobierno».

El Ayuntamiento pagó muy caro los vicios de la dependencia del ladrillo en una época caracterizada por un desaforado desarrollo urbanístico. Más del 90 por ciento de los ingresos provenían de las recalificaciones y del otorgamiento de licencias urbanísticas. Hasta que la burbuja inmobiliaria explotó y llegó el colapso municipal. El anterior alcalde, el socialista Juan Bautista Ginés –ahora secretario provincial de UGT– dejó de pagar las nóminas a los empleados y funcionarios municipales e incluso se produjeron cortes de luz en los edificios públicos por la deuda que se mantenía con Endesa. «Había una crispación social impresionante», resume Rodríguez, quien recuerda que la deuda financiera que se encontró cuando llegó a la Alcaldía en 2011 ascendía a 7.800.000 euros. Los empleados de la Empresa de Desarrollo Municipal llevaban tres meses sin cobrar, la deuda con Endesa alcanzaba los 300.000 euros y no había convenios laborales ni ordenanzas. «Una ciudad sin ley», asegura Rodríguez. Los tres millones de euros de deuda extrapresupuestaria impidieron, durante dos años consecutivos, cuadrar las cuentas y, según una sentencia del Tribunal Supremo, cinco millones que se habían cobrado a las promotoras en concepto de tasas eran ilegales.

La oleada popular que arrasó Andalucía en 2011 llegó también a esta localidad y, nada más iniciarse la legislatura, el Gobierno local aplicó una estricta política de contención del gasto. Se eliminaron las dietas por asistir a los plenos y a las juntas de gobierno –por cada una de estas sesiones cada concejal cobraba 400 euros–, se redujo el personal de confianza, los teléfonos móviles de la corporación pasaron de 50 a apenas 12, se revisaron las tasas y los policías volvieron a multar a los coches mal aparcados. De cada 100 euros que se empezaban a ingresar, 80 se dedicaban a amortizar la deuda y 20 a los servicios. Poco a poco la deuda se fue reduciendo: el primer año el remanente negativo de tesorería pasó de 1.200.000 euros a 400.000 y el siguiente a casi 100.000. Este año, el saldo ya es positivo: 400.000. «Salían facturas que no estaban pagadas del fondo de los cajones», señala Rodríguez.

La firma de la refinanciación de la deuda con los bancos, el pasado 20 de diciembre, supuso un punto de inflexión en todo este proceso de saneamiento y, también, el arranque de las negociaciones entre los grupos de la oposición para desalojar a Rodríguez de la Alcaldía. «Hicimos un pacto, que consistía en destinar el dinero sobrante a elaborar un convenio colectivo y a establecer un calendario de pagos con la Seguridad Social, además de indemnizar a los empleados despedidos de la Empresa de Desarrollo Municipal», sometida a un ERE a finales de 2010 y posteriormente a un procedimiento de liquidación. «Ese pacto no ha durado ni un mes», se lamenta.

La oposición apela a la «mayoría social» que representa para arrebatar el bastón de mando a la alcaldesa. ¿Por qué ahora? Rodríguez lo tiene claro: «En junio de 2011, el que se atreviera a gestionar el Ayuntamiento había perdido la cabeza o no sabía lo que hacía», por ello, «pensaban que no íbamos a durar ni ocho meses en el cargo».

Junto al saneamiento de las cuentas, la alcaldesa destaca como logros la construcción de un centro de servicios sociales y un instituto de enseñanza secundaria. Además, «hemos conseguido que la única empresa potente del municipio, Cash Barea, se quede aquí, ya que tenía previsto trasladarse». Incluso el sector de la construcción ya está dando tímidas muestras de recuperación, puesto que «varias empresas han vuelto a hablar con nosotros para completar proyectos o iniciar otros, siempre con viviendas a precios más asequibles».

A escasos cinco días del Pleno en el que se planteará la moción, la regidora se enorgullece del «trabajo serio» realizado. «Si no hemos prestado más servicios es porque no había más fondos», subraya, al tiempo que lamenta que «nos arrebatarán el gobierno cuando estamos empezando a ver la luz al final del túnel».