Multas de hasta 2.000 euros a los dueños que no identifiquen a su mascota

La región cuenta con 2.864.182 animales de compañía inscritos en el registro de la Junta

Según el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), puesto en marcha por la Consejería de Justicia e Interior en colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, en la comunidad autónoma hay registrados un total de 2.864.182 animales de compañía. La cifra corresponde al primer semestre del año y da buena muestra del creciente interés por las mascotas, aunque tenerlas también implica una serie de obligaciones. Una de ellas es su correspondiente identificación mediante un microchip subcutáneo, al objeto de facilitar su control sanitario y censal. No realizar este trámite, tal y como recoge la Ley 11/2003, conlleva una infracción grave con multas que oscilan entre los 501 euros y los 2.000. Las delegaciones del Gobierno de la Junta son las encargadas de imponerlas, a partir de las denuncias de las Policías Locales, Guardia Civil, Unidad de Policía adscrita a la Junta o Cuerpo Nacional de Policía.

La consejería asegura que la inscripción en este registro constituye una obligación de los propietarios que «permite establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmitibles al ser humano o a otros animales». Junto a ello, también facilita la «recuperación en caso de pérdida o robo» de la mascota o su «intervención por maltrato».

El balance, dado a conocer recientemente por el departamento que dirige Rosa Aguilar, contabiliza 20.731 cambios de propietarios de mascotas, denunciándose 4.523 pérdidas y encontrándose un total de 2.967. Un 65 por ciento de las desapariciones tuvieron un final feliz. Se han contabilizado un total de 94.709 altas en el registro en el primer semestre del año.

La mayoría de los animales inscritos son perros, un total de 2.676.669 (93 por ciento). Los andaluces, en segundo lugar, se decantan por los gatos, registrándose 171.634 (5,9 por ciento). También figuran 12.634 hurones (0,4 por ciento), 2.915 loros y 195 «minipigs». El registro incluye, ya en menor medida, tortugas, halcones, conejos y mapaches. La raza mayoritaria de perro es el cruzado, seguido del podenco, el yorkshire terrier, el galgo español, el pastor alemán, el epagneul bretón, el labrador retriever y el mastín español, entre otros.

En cuanto a los gatos, la raza mayoritaria es la europea, seguida de los felinos cruzados, persas y siameses. Cabe destacar también la incorporación de 4.401 perros potencialmente peligrosos. Se califican así, con carácter general, cuando pertenecen a una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de la mandíbula, tienen la capacidad de causar lesiones graves a personas o a otros animales, pudiendo ocasionar también daños materiales. Las razas mayoritarias de esta tipología son el rottweiler, pit bull, american staffordshire terrier, doberman, staffordshire bull terrier o dogo argentino. El registro cuenta con 67.954 perros potencialmente peligrosos.

En cuanto a los propietarios, la mayoría son hombres. Destaca especialmente el caso de los hurones, con un 83 por ciento de propietarios masculinos, y los loros, con el 70,8. Por el contrario, el 72 por ciento de los titulares de gatos son mujeres,.En relación a los canes, el porcentaje de propietarias es del 36,2.

Con este registro, la consejería pretende «potenciar el control de los animales de compañía y mejorar la protección, convivencia y seguridad tanto de las personas como de las propias mascotas». La unificación de criterios de inscripción y la búsqueda en estas redes permite su localización en caso de pérdida o robo. Igualmente, incluye información relativa a las enfermedades de tratamiento obligatorio, como la vacunación antirrábica y una ficha clínica.

Para ahondar más en la cobertura legal de las mascotas la Junta está inmersa en la reforma de la ley de bienestar animal. Sin embargo, el pasado mes de junio el Parlamento andaluz rechazó –con los votos en contra de PSOE, PP y Ciudadanos– una Proposición No de Ley impulsada por Podemos, con el apoyo de diversos colectivos animalistas, que planteaba, entre otras prohibiciones, los lanzamientos de animales o el empleo de éstos en circos o atracciones de feria.