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Núñez archiva la causa contra dos investigados en los ERE

Ambos estaban encausados en la pieza centrada en las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones

Ambos estaban encausados en la pieza centrada en las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones

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La jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha archivado la causa contra dos imputados en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares.

En un auto, la magistrada atiende la petición realizada por las defensas de ambos investigados al entender que, una vez examinadas las actuaciones, «no constan indicios razonables de criminalidad contra los mismos».

De este modo, archiva la causa contra Francisco José González del Corral, director de una sucursal bancaria de Jaén, y contra Antonio Fernando Murillo Cancho, quien fue imputado como socio de Ismael Sierra –cuñado del llamado conseguidor de los ERE, Juan Lanzas– y administrador de Consulting Social Siemur.

La jueza toma esta decisión tras haber escuchado a ambos en calidad de investigados y al amparo del artículo 641.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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Cabe recordar que la pieza de las sobrecomisiones de los ERE se dirige contra cerca de 40 personas, entre ellas el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero o el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Recientemente, la magistrada atendió la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y declaró la prórroga de la complejidad de la instrucción de esta pieza, ampliando de este modo otros 18 meses la investigación de la misma. Lo hizo porque en esta pieza separada «se investigan numerosos hechos punibles, involucrando a gran cantidad de investigados», lo que «exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas y privadas». Por todo ello, «es indudable que procede acceder a la petición formulada» por el Ministerio Público, según concluyó Núñez Bolaños.

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En su petición, el Ministerio Público recordaba que esta pieza separada de los ERE fue declarada de especial complejidad, finalizando el plazo inicial de instrucción de 18 meses el día 10 de diciembre de 2017.