Núñez excluye a Guerrero por la ayuda de 54 millones a Boliden

La jueza María Núñez Bolaños, que instruye la causa de los ERE irregulares, ha acordado la exclusión del ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo Francisco Javier Guerrero de la pieza separada por la ayuda concedida por importe de 54,2 millones para el ERE de Boliden Apirsa. De esta manera, la magistrada decide en un auto, con fecha de 21 de mayo, archivar la causa con respecto a Guerrero, principal investigado en la causa de los ERE y que actualmente está siendo juzgado en la conocida como pieza política en la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Guerrero, según el auto, solicitó ser apartado de esta pieza alegando «una cuestión ya promovida, resuelta en otras diligencias y sobre la que en reiteradas ocasiones se ha pronunciado la sección séptima de la Audiencia Provincial». En concreto, la defensa del ex director general señala que la delimitación objetiva realizada por el auto de procedimiento abreviado de 31 de mayo de 2016 en el denominado procedimiento específico, que se juzga desde diciembre en la sección primera, rompe el diseño de división de la causa matriz de los ERE en piezas separadas –una sobre el diseño, implantación y mantenimiento del sistema de concesión de ayudas y diversas piezas sobre las propias ayudas–, trayendo a este procedimiento específico, como objeto del mismo, «también los expedientes de concesión o pago de las ayudas».

Además, añade que esto se corrobora con los escritos de acusación presentados en la pieza política, donde se juzgan a 22 ex altos cargos de la Junta, por parte del Ministerio Fiscal, el PP y Manos Limpias. Por todo ello, considera que «dirigirse contra los mismos investigados –Guerrero– en este procedimiento –pieza separada de Boliden– implica la vulneración de su derecho fundamental a un juicio con las debidas garantías, ya que supondría su persecución penal por los mismos hechos en más de un enjuiciamiento» y suplica que se decrete su exclusión y apartamiento de la causa por aplicación del artículo 25 de la Constitución en cuanto proclama el principio de legalidad.

La jueza, en su auto, recuerda que en la pieza se investiga el pago de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por el ERE en Boliden. El 16 de septiembre de 2002 se formaliza una póliza con seguros Vitalicio entre Banco Vitalicio de España y CC OO y UGT por el cese de actividad de Boliden Apirsa S. L. El importe de la subvención concedida por la Junta asciende a 54.279.986,16 euros

En las actuaciones, según el auto, se ha comprobado que en la póliza de seguro contratada para el abono de prejubilaciones figuran como beneficiarias 276 personas, en lugar de 275 que figuran en el acuerdo de 18 de julio de 2002 suscrito entre la Consejería de Empleo, UGT y CCO O de Andalucía para la concesión de ayudas.

Igualmente, la sección séptima de la Audiencia ha confirmado la exclusión del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, también enjuiciado por el procedimiento específico, en esta pieza separada por la ayuda de Boliden, desestimando los recursos interpuestos por la Fiscalía y la Junta contra el auto de exclusión del ex consejero por parte de la jueza Núñez Bolaños.