Parón en la pieza de FIVA al devolvérsela la Audiencia al juez del “caso Invercaria”

No se ha dado traslado de lo actuado a empresas consideradas responsables

La causa vuelve al punto anterior al auto de apertura de un juicio oral que se retrasará

Paso atrás en la causa judicial en la que se investiga la intervención de la sociedad de la Junta Invercaria en FIVA (Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía) que el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla dio por concluida en septiembre con el señalamiento de una docena de personas. Ahora la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la que recayó esta pieza del «caso Invercaria», se la ha devuelto al juez instructor, Juan Gutiérrez Casillas, con lo que el proceso se retrotraerá al momento anterior al auto de éste de apertura de juicio oral para que se dé traslado de la acusación a las empresas consideradas responsables civiles subsidiarias y que éstas «puedan formular escrito de defensa» en el plazo de 10 días, según explican a LA RAZÓN fuentes del caso.

La Audiencia señala en una providencia, fechada el 9 de octubre y consultada por este periódico, que «advirtiendo que el Ministerio Fiscal y la acusación particular que ejerce la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía –IDEA, de la que depende Invercaria–, interesan la responsabilidad civil subsidiaria» de distintas empresas y «no constando» que el juzgado «haya adoptado al respecto resolución ninguna en el auto de apertura de juicio oral ni haya dado traslado de las actuaciones a los designados como terceros responsables»; entiende que deben devolverse las actuaciones al órgano judicial para que se cumpla lo fijado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este movimiento del tribunal provincial tendrá una consecuencia: el parón conllevará un retraso en el señalamiento del juicio, según insisten las mismas fuentes.

En el ámbito de este proceso, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de 19 años de cárcel y 47 de inhabilitación para el ex presidente de la sociedad de capital riesgo de la Junta que da nombre al caso, Tomás Pérez-Sauquillo, y seis años y medios de prisión y 16 de inhabilitación para quien ocupó el mismo cargo después, Laura Gómiz. Invercaria concedió 716.000 euros en préstamos a FIVA, unos incentivos públicos pese a los que el proyecto resultó fallido.