Andalucía

“Paz social”: 8.000 millones vuelven a unir a sindicatos, empresarios y Junta

Díaz retoma el clima de los acuerdos de concertación con CC OO, UGT y CEA, con el objetivo de recuperar hasta 2020 los 234.000 empleos destruidos en la industria con la crisis

Díaz conversa con Castilla (UGT-A), en presencia de Carbonero (CC OO-A) y González de Lara (CEA)
Díaz conversa con Castilla (UGT-A), en presencia de Carbonero (CC OO-A) y González de Lara (CEA)larazon

Díaz retoma el clima de los acuerdos de concertación con CC OO, UGT y CEA, con el objetivo de recuperar hasta 2020 los 234.000 empleos destruidos en la industria con la crisis

La estampa rememora otra época: los tiempos de los acuerdos de concertación social, cuyo marco normativo expiró en 2013 –con los 19.000 millones del VII– y que supusieron alrededor de 128.000 millones desde 1991 movilizados en nombre de la llamada «paz social». Los interlocutores son los mismos: UGT, CC OO y CEA. El diálogo social, también en los tiempos de la «nueva política», se restringe a tres. La presidenta, Susana Díaz, firmó ayer con empresarios y sindicatos el Pacto por la Industria para «movilizar» –el verbo que se elegía para la concertación– 8.000 millones hasta 2020 y «propiciar una industria fuerte, competitiva y sostenible». En el Salón de los Espejos de San Telmo se dieron cita, de nuevo, más de 300 personalidades del tejido económico, empresarial y social.

«La inversión total pública y privada de más de 8.000 millones» a través «de nuevos instrumentos financieros y de incentivos al desarrollo industrial y la I+D+i» persigue «la recuperación de los niveles de empleo en este sector previos a la crisis». El documento plantea elevar el peso de la actividad industrial en la economía andaluza hasta el 18% del Valor Añadido Bruto (VAB), esto es, 3,12 puntos más. Antes de la crisis, 533.798 andaluces tenían empleo en el tejido industrial. La industria emplea ahora a 300.000 andaluces, un 30% menos que antes de la crisis. «Ya el pasado año se crearon 34.500 puestos de trabajo en el sector industrial en Andalucía, encabezando la creación de empleo en la Encuesta de Población Activa», señaló Díaz. La última EPA fijó el total de desempleados en la región en más de 1,1 millones.

La presidenta lamentó que «nunca haya habido una apuesta industrial por Andalucía» y apostó por impulsar la creación de empleo de calidad, porque «a pesar de que el PIB ha recuperado los niveles previos a la crisis, la masa salarial ha bajado en 20.000 millones». Díaz resaltó que, de cara a la internacionalización y la apertura de nuevos mercados, Andalucía «no debe perder ninguna oportunidad», aprovechando su situación geoestratégica, sus buenas relaciones con Iberoamérica y su red de puertos e infraestructuras. La presidenta volvió a reclamar al Gobierno central una apuesta por el Corredor Mediterráneo y por la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla, así como una reforma de la financiación, punto en el que se unió el presidente de la CEA.

La Estrategia Industrial 2020 plantea 52 medidas divididas en ocho ejes, que abarcan la formación profesional, la proyección exterior, la gestión del talento, la innovación social, la tecnología o el desarrollo de infraestructuras. Entre los objetivos marcados está aumentar un 20% las empresas de entre 10 y 50 trabajadores; reducir un 5% la intensidad energética; y bajar un 10% la temporalidad.

El número de industrias ha aumentado un 42% en una década pero el 96% son pymes o micropymes. En 1980, la industria suponía el 19,5% del VAB de la economía andaluza; los servicios, el 61,7%; la construcción, el 7,1%; y la agricultura, el 11,8%. En 2016, la industria representó el 12,9%; los servicios, el 75,1%; la construcción, el 5,7%; y la agricultura, otro 5,7%. Es decir, en 35 años, la industria ha caído un 7% y los servicios han aumentado un 14%. Los informes de competitividad de la UE señalan que sin industria no hay crecimiento sostenible ni empleo (y menos de calidad). La Junta presentó, a los tres años de expirar la anterior, la Estrategia Industrial 2020 –en la que se engloba este Pacto por la Industria–, sin evaluación previa ni comisiones de seguimiento. Entre 2008 y 2013, con el anterior plan vigente, el peso de la industria en el PIB andaluz cayó del 11,8% al 11,2%. En lo que respecta a I+D+i, la Junta ha invertido en «competitividad» 77.775 millones desde 2007; un 218,5% más desde 2000 por el 155,1% de la media nacional. El liderazgo en ayudas a las empresas no ha evitado que la comunidad continúe a la cola en PIB y renta per cápita ni que Andalucía se mantenga a la cabeza en tasa de paro. La convergencia con Europa hoy, pese a los más de 76.200 millones en fondos comunitarios y la ampliación con zonas de menor PIB, está en el 67% de la renta media europea, un 1% más lejos que en 1985.

Escaso impacto en el paro

El Gobierno de Susana Díaz retomó «la paz social» como «variable importantísima» de su política (junio de 2015), tras el «cese temporal» de las relaciones con las plataformas sindicales y la «ruptura de negociaciones» de los sindicatos motivada por la investigación en el caso de la formación.

Durante los años de la concertación social, el paro siguió rondando el 34% y ahora está en el 28,25%. En lo que respecta a la conflictividad, entre 2002 y 2012 en Andalucía se perdió una media de 198 jornadas de huelga por las 103 del resto de comunidades. «Estaríamos ante un sistema perfectamente establecido, en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio, premisa que es absolutamente contradictoria con el grandilocuente principio de la paz social, pues ese negocia aumentaría proporcionalmente el número de ayudas concedidas», cita de la jueza Alaya en la Instrucción del «caso ERE».

La concertación social se ha mantenido con Chaves, Griñán y Susana Díaz; con Carbonero –el único superviviente de la primera firma– en CC OO; Pastrana o Castilla en UGT; y Herrero o González de Lara en la CEA. El anuncio de más planes de empleo en enero de 2015 terminó por acallar la crítica sindical, tras la ruptura de negociaciones, con la primera toma de contacto con los interlocutores para la modificación de la concertación social.