Piden que se investigue a seis empresas ligadas a la mina de Aznalcóllar por el daño ambiental

Emerita considera a esas sociedades responsables de los presuntos delitos que analiza un juzgado de Sanlúcar la Mayor. Solicita al órgano judicial que las cite a declarar como personas jurídicas, así como a sus representantes legales

Vista de la mina sevillana de Aznalcóllar, cuya adjudicación está en el punto de mira judicial
Vista de la mina sevillana de Aznalcóllar, cuya adjudicación está en el punto de mira judicial

Emerita considera a esas sociedades responsables de los presuntos delitos que analiza un juzgado de Sanlúcar la Mayor

Solicita al órgano judicial que las cite a declarar como personas jurídicas, así como a sus representantes legales

Los «indicios de ilegalidades severas y arbitrarias» que observó la Audiencia de Sevilla en el procedimiento público de adjudicación de la mina de Aznalcóllar protagonizan ya varias causas judiciales. Una de ellas se arma en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor y gira en torno a un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales por unos supuestos vertidos contaminantes detectados en el complejo minero que podrían afectar, entre otros puntos, al río Agrio. En el perímetro de ese caso, los letrados de la empresa Emerita Resources, una de las perdedoras del concurso, han presentado un escrito en el que piden que se llame a declarar en calidad de investigadas a un grupo de personas físicas y jurídicas: a las adjudicatarias Minorbis y Grupo México; a otras sociedades que, entienden, participaron en la licitación y aceptación de la mina, esto es, a AMC Mining Iberia, Americas Mining Corporation y Southern Copper Corporation; y a la entidad que ha acabado operando en el yacimiento, Minera los Frailes; así como a los representantes legales de todas ellas.

Para sustentar su solicitud, los abogados de Emerita sostienen que en la Resolución de 25 de febrero de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta por la que se eligió a la concesionaria, se especificaba «la obligación» de ésta de «hacerse cargo de los pasivos ambientales de la zona inmediatamente». «A partir de la notificación de la presente resolución –se asevera en el texto del Ejecutivo regional, según consta en el escrito judicial al que accedió LA RAZÓN– la empresa deberá asumir las actuaciones de gestión de los pasivos ambientales que la Junta de Andalucía está realizando actualmente, como consecuencia de la ejecución del plan de adecuación ambiental de las labores de desmantelamiento y restauración final de las instalaciones de la mina de Aznalcóllar». De hecho, se detallaban las acciones a llevar a cabo ligadas a la corta de Aznalcóllar, a la corta de los Frailes, a la escombrera este, a la planta depuradora de aguas, a la presa de estériles clausurada y a las balsas de escorrentías. En aquella resolución se asignaba ya a Minorbis/Grupo México «la preferencia en las actividades extractivas de explotación en las cuadrículas mineras comprendidas en la zona», con lo que, de acuerdo a las directrices mencionadas, aquéllas «tenían obligación de hacerse cargo de los pasivos ambientales» del área afectada. Si bien, en el espeso de este proceso de reapertura de la mina, acabó aceptando la adjudicación Minera los Frailes, sociedad que, a juicio de los representantes de Emerita, también debería hacerlo. Pero esta empresa «realiza una aceptación condicionada de la adjudicación» y, en contra de lo marcado en la resolución de la Junta, «se niega a hacerse cargo de ciertas obligaciones con trascendencia ambiental», advierten al juzgado. Los letrados de Emerita la incluyen, con todo, en el listado de los responsables de esos pasivos a los que vinculan además a los presuntos «delitos o daños» por lo que, «para una mejor investigación y acreditación de los hechos» que se analizan en la causa, solicitan al órgano judicial el rosario de citaciones.

Demandan que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aclare por qué ha «bloqueado» el proyecto ganador

La empresa que resultó perdedora en el concurso de la Junta en el que se eligió al consorcio Minorbis/Grupo México como agraciado con la mina de Aznalcóllar, Emerita Resources, empuja también en la causa penal que coordina el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla en torno a ese proceso. Uno de sus caballos de batalla es que el proyecto de los ganadores «era manifiestamente insuficiente» e «incumplía la normativa vigente en cuanto a las medidas de protección de las aguas». Un aspecto «esencial», sostienen los abogados de Emerita, «porque supone poner en riesgo a las personas y el medio ambiente, por no señalar los posibles daños en cultivos e industrias de la zona».

En un escrito remitido al órgano judicial sevillano, consultado por este periódico, apuntan que los encausados, entre ellos una ex viceconsejera de Empleo y otros ex cargos del Gobierno andaluz, y el resto de miembros de la mesa que resolvió el concurso, insistieron en que «el tratamiento de aguas de la adjudicataria era correcto e incluso mejor» que el planteado por Emerita. Sin embargo, los representantes procesales de la última han traslado al juzgado informaciones que indican que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) «no permite» ahora «implementar en la práctica» el proyecto de la adjudicataria, por lo que, a su entender, «no queda duda alguna de su falta de calidad mínima para poder ser, no ya ganadora del concurso, sino para ser tenida siquiera en consideración, debiendo haber sido descartado en la segunda fase», defienden. A lo que suman que el hecho de que la solución que se ha reflejado en los medios «se asemeje de forma sorprendente» a lo esbozado por su cliente, reflejaría que esto «era muy superior en todos los sentidos» al plan «bloqueado» ahora por la CHG. Anotan además que los encargados de «valorar el concurso», no eran «legos en la materia», por lo que les debió resultar evidente «la insuficiencia del proyecto» de Minorbis/Grupo México «e incluso su imposibilidad fáctica», pero en lugar de desestimarlo, añaden, «le dieron el concurso a una empresa con un proyecto no ya defectuoso, sino irrealizable» y «siendo conscientes de ello». Con un agravante: se trata de una zona «donde ya se produjo un desastre en el que intervinieron aguas contaminadas», deslizan en su escrito. Desde esa convicción, los abogados de Emerita Resources piden al juzgado que se requiera a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que, «a la mayor brevedad posible», ésta aclare la «razón» por la que se han hecho modificaciones, «en lugar de implementar el proyecto original» y en qué consisten esos cambios. Esperan respuesta.