Por encima de la ley

El descreimiento de la Ley, con la cómplice permisividad de sus presuntos garantes, que ha llevado a Cataluña al punto sin retorno en el que hoy se encuentra, tiene su correlato en otras regiones de España y en Andalucía, singularmente, allá donde gobierna una izquierda que, a fuer de ceñirse a los únicos límites de su antojo, ha terminado siendo más desorejada que populista. Vivimos en un país en el que ningún desafuero es punible si es cometido con una motivación política de corte presuntamente progresista. Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda desde que Stalin era monaguillo en su Georgia natal, deberá visitar por enésima vez los juzgados, en esta ocasión como imputado por prevaricación: no le sale al hombre de las barbas convocar plenos en su (nótese el posesivo, pertinente puesto que gobierna con plena consciencia patrimonial) ayuntamiento, al considerar a los ediles de la oposición indignos de fiscalizar su tarea. En el mismo consistorio en cuyo balcón ondeó la «estelada» desde la Diada hasta el 1 de octubre, la corporación lleva un año sin reunirse en sesión ordinaria, posiblemente porque es más importante solidarizarse con el oprimido «poble de Catalunya» que rendir cuentas ante los electos. Pero no tiene nada que temer este revolucionario parásito del sistema, porque la Administración de Justicia le tenderá de nuevo sus misericordiosos brazos, siempre rauda en el auxilio de ocupantes de fincas, saqueadores de supermercados, piqueteros a puñetazos y perpetradores de cuantos desmanes se les ocurra hacer invocando la sacrosanta voluntad popular. Esta violenta mesnada zurda sí que constituye un ejemplo de casta privilegiada a la que se permite campar por encima de la legislación vigente e incluso directamente en su contra.