Primeras multas contra pisos turísticos: más de 200.000 euros a 250 propietarios

La inspección de Turismo está desbordada. La entrada en vigor del decreto regulador de viviendas con fines turísticos, en mayo de 2016, añadió una nueva tarea a su labor de vigilancia. La carga de trabajo adicional se ha traducido en casi 3.400 inspecciones hasta el cierre de 2017. Una media de seis al día de las que deben encargarse los 40 inspectores que conforman la plantilla de la Consejería de Turismo y Deporte, además de continuar con su labor de vigilancia en otros ámbitos: visitas a hoteles, chiringuitos o las certificaciones de empresas de turismo activo. Los cuarenta inspectores parecen una plantilla insuficiente para cubrir además un nuevo sector que está en fase de regularización. Transcurrido el año de moratoria que la Junta estableció para que los propietarios adaptaran sus viviendas a los nuevos requerimientos –como tener calefacción y aire acondicionado en todas las estancias o botiquín–, las multas comienzan a aflorar. Hasta el momento, se han impuesto 250 sanciones por un total de 207.000 euros, fruto de 3.397 inspecciones realizadas, según información facilitada por el Portal de Transparencia de la Junta. Desde la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo aclaran que algunas de esas sanciones pueden conllevar la cancelación del registro de dicha vivienda, impidiéndole seguir con su actividad.

Hasta el momento hay 28.670 inscritas oficialmente, mientras otras ocho mil continúan esperando su aprobación, tras haber presentado la preceptiva declaración responsable. Este es el principal requisito para regularizar el alquiler temporal, independientemente de que se ofrezca completo o por habitaciones.

Málaga es la provincia donde se han realizado más comprobaciones, con el seguimiento de 1.354 alojamientos, algo lógico teniendo en cuenta que concentra el 60% de la oferta. En Sevilla se examinaron 765 pisos; 426 en Córdoba y 377 más en Granada. Cádiz (76 inspecciones) y Jaén (52) son las que menos actividad en este sentido registraron. El caso de Cádiz no concuerda con el hecho de que es la segunda provincia con más viviendas turísticas reconocidas.

Cada año, la Consejería de Turismo establece las prioridades que deben marcar el trabajo de los inspectores. En el Plan del año pasado figuraban seis líneas estratégicas; la segunda ponía énfasis en los servicios «piratas», no solo de alojamientos turísticos, si no también en el servicio de información turística de monumentos o las agencias que ofrecen actividades. Internet se ha convertido en un aliado para detectar anuncios ilegales. El rastreo de portales agiliza esta labor, cuyo objetivo básico es detectar si los anuncios cumplen la normativa, comprobando «especialmente» la inclusión del código de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. Esa es de las pocas actuaciones que no requiere una visita presencial porparte de los inspectores, en cuya planificación anual se incluye controlar «in situ» hoteles y apartamentos de baja categoría, casas rurales, comprobar el subsanamiento de infracciones detectadas otros años o verificar si la capacidad declarada de los hoteles coincide con su oferta. El propio plan detalla que si se detectan irregularidades a través de internet, el inspector debe acudir al alojamiento.

Los mismos inspectores deben controlar que las subvenciones concedidas por la Consejería de Turismo se han empleado de manera correcta. En este año, centrándose en ayudas recibidas durante cinco ejercicios comprendidos entre 2009 y 2014.

Atención a pisos y casas rurales

La Junta está poniendo especial celo en los alojamientos turísticos nuevos. En las directrices a sus inspectores insisten este año, como el anterior, en que deberán examinar casas rurales o pisos que comiencen a alquilarse, emitiendo informes de su visita. El grueso del seguimiento continuará haciéndose