Propietarios de viviendas ilegales ya barajan la vía judicial

Hartos de esperar ese paraguas legal anunciado insistentemente, los propietarios de viviendas irregulares –más de 300.000 en toda Andalucía– anunciaron ayer que pasarán a la vía judicial si las administraciones no concretan una solución que los saque del «limbo jurídico» en el que permanecen. El llamamiento lo hacen extensivo tanto los ayuntamientos, responsables de los planeamientos urbanísticos de sus municipios, como a la Junta de Andalucía, que todavía no ha resuelto la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Y por ello, según aseguró ayer el portavoz de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), Francisco León, barajan querellarse contra los responsables políticos que han propiciado esta situación ante la «urgencia» de las familias, muchas de ellas sin la posibilidad de acceder a los suministros básicos de electricidad o agua, con viviendas situadas en zonas sin alcantarillado o sin poder inscribirlas en los registros de la propiedad.

Éste fue uno de los acuerdos a los que llegaron en la reunión anual del colectivo, celebrada en Córdoba, a la que asistieron afectados de las provincias de Córdoba, Málaga, Sevilla, Jaén y Cádiz, además del parlamentario popular Miguel Ángel Torrico y los concejales del PP en el Ayuntamiento de Córdoba José María Bellido y Luis Martín.

Para insistir en la necesidad de reformar la LOUA –el proyecto de ley que modifica tres artículos superó el pasado mes de octubre el debate de totalidad, aunque sigue estancado en el Parlamento andaluz–, el colectivo entregará hoy en la Cámara un informe en el que plantean nuevas consideraciones. Entre otras, que la norma incluya «el reconocimiento expreso del derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano», con el objetivo de agilizar la concesión de las licencias «sea cual sea la clasificación del suelo o el grado de desarrollo en la ejecución del planeamiento». Procedimientos que, por ahora, tal y como apuntan, resultan «rígidos, caros, engorrosos, lentos y poco participativos», en los que la administración «no se responsabiliza de velar por el cumplimiento de los plazos, salvo para imponer sanciones cuándo y como le parece oportuno». En este punto, CALU recuerda que el derecho al agua potable y al saneamiento «está considerado por la ONU como un derecho básico».

También exige que los planteamientos ciudadanos, recogidos en los procesos de exposición pública y en las alegaciones, «tengan un carácter vinculante a la hora del planeamiento, salvo que se infrinjan leyes». En este sentido, critica que «en buena parte de los casos» las propuestas ciudadanas «son un mero trámite o un apéndice inconexo con el resultado final del plan», por lo que la fase de sugerencias «debe ser el elemento inicial de la filosofía del plan, definitoria para la ciudad que se pretende construir».

En cuanto a la simplificación burocrática, el colectivo propone que las comisiones sectoriales «permitan el informe conjunto de todas las administraciones implicadas en un solo acto administrativo», con el objetivo de «acabar con el pernicioso ‘iterim’ de los informes sectoriales, que a veces dilata durante años la tramitación de los procedimientos». Otro aspecto que subraya el informe es la responsabilidad municipal en este ámbito, sugiriendo que, en el régimen disciplinario de la LOUA, se incluya la inacción del ayuntamiento como «la más grave de las infracciones urbanísticas». Igualmente, plantea el reconocimiento de «hecho singular diferenciado» al margen de otros modelos previstos en el ordenamiento general, para «plantear incluso otros criterios urbanísticos».