PSOE y Cs abortan un nuevo intento del resto de la oposición de señalar a Díaz por los cursos

Frenan una enmienda conjunta de PP, Podemos e IU en la que atribuían a la líder de la Junta responsabilidades políticas junto a su consejero Sánchez Maldonado. Posibilitan que el «corta y pega» del presidente de la comisión no se suprima

Miembros de la comisión de investigación que intenta determinar si hubo responsabilidades políticas en torno a los cursos subvencionados
Miembros de la comisión de investigación que intenta determinar si hubo responsabilidades políticas en torno a los cursos subvencionados

Frenan una enmienda conjunta de PP, Podemos e IU en la que atribuían a la líder de la Junta responsabilidades políticas junto a su consejero Sánchez Maldonado. Posibilitan que el «corta y pega» del presidente de la comisión no se suprima

En el recuerdo está lo que sucedió la última vez: 2012, comisión parlamentaria de investigación sobre los ERE presuntamente fraudulentos, dictamen final aprobado en la Cámara andaluza; no hubo por falta de consenso. Ésa es la referencia que posiblemente se repita más de cuatro años después. Y es que el desacuerdo entre los grupos que integran la comisión que intenta ahora depurar las responsabilidades políticas en torno a los cursos de formación subvencionados por el Gobierno regional –PSOE-A, PP-A, IULV-CA, como entonces, a los que se han sumado Podemos y Ciudadanos (Cs)– no deja de aumentar.

Los comisionados se reunieron ayer a puerta cerrada con un único propósito: elaborar el dictamen que debería ir al Pleno del Parlamento que se celebrará los días 29 y 30 de este mes. Para ello, tuvieron que votar las «más de 700 enmiendas» presentadas por los partidos a la propuesta de síntesis confeccionada por el presidente del órgano interno, Julio Díaz (Cs), sobre la que pesaba una acusación de plagio, y éste documento en sí. Agruparon las alegaciones para agilizar el proceso y no tener que «votar 700 veces», señalaron fuentes de la comisión, de las que se aprobaron sólo una decena: cinco de IU, una de Podemos, dos del PP y dos del PSOE. Pero ni siquiera en la fórmula de pronunciarse se pusieron del todo de acuerdo porque, a lo largo de la tarde y finalizada esa primera tanda, según pudo saber LA RAZÓN, el Grupo Parlamentario Socialista planteó y logró que se votaran por separado si se suprimían o no párrafos del dictamen considerado ya en su totalidad, con las diez enmiendas. ¿Con qué fin? Para «poder eliminar 49 que les incomodaban del escrito», según condensaron las fuentes consultadas, aunque finalmente se quedaron solos en ese punto.

Una de las cuestiones fundamentales que estaba sobre la mesa era fijar el alcance de las responsabilidades políticas derivadas del presunto uso irregular de los fondos públicos destinados a actividades formativas. PP, Podemos e IULV-CA señalaron en sus alegaciones y antes en sus conclusiones a la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz. Es más, las tres fuerzas políticas plantearon una enmienda conjunta «in voce» en ese sentido, que incluía también como responsable político a otro alto cargo del Gobierno regional en activo: el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado. Pero Cs y los socialistas la frenaron. Ya antes, los últimos habían posibilitado que se encapsularan y siguieran las páginas del documento del presidente de la comisión en las que se reproducían de manera literal partes de tres trabajos sin mencionarlos, y en el caso de uno de ellos, sin nombrar siquiera a su autora, Sara de la Rica, de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Se trataba del artículo titulado «Políticas activas de empleo: una panorámica», armado por ésta para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), vinculada al economista Luis Garicano, responsable del área de Economía y Empleo de Ciudadanos y, por ende, a la formación naranja. ¿Qué pasó con el supuesto ‘corta y pega’? Díaz se «autoenmendó» para justificarlo en un error mecánico de transcripción en la reseña bibliográfica, aunque acabó admitiendo que no era exactamente así, y los socialistas retiraron su petición de que se suprimieran esos bloques, como había demandado también el resto de los partidos, a excepción de Cs.

En definitiva, tras alrededor de ocho horas, se aprobó un dictamen final, respaldado por PSOE y Ciudadanos, que se mandará al Pleno y en relación al cual se podrán emitir votos particulares. ¿Dónde se coloca en el mismo el listón de las responsabilidades políticas? En los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En opinión de la parlamentaria andaluza y una de las representantes del PP-A en la comisión, Teresa Ruiz-Sillero, lo sucedido ayer es una muestra más de que el partido que lidera Juan Marín en la comunidad y Albert Rivera a nivel estatal es un «rehén» del PSOE. «Le están allanando a Susana Díaz el camino –añadió a este periódico– para que pueda presentarse tranquilamente a las primarias para dirigir el PSOE nacional», criticó la diputada.

Para el diputado de Podemos; Juan Ignacio Moreno Yagüe, «nuevamente Ciudadanos y PSOE volvieron a trasladar al Parlamento la política chapucera» lo mismo que ya hicieron «con la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, con la atención temprana o con la anunciada oficina anticorrupción». Del lado de IU, la parlamentaria autonómica Elena Cortés subrayó que las responsabilidades políticas no pudieran ser modificadas, pese al nuevo intento, si bien, matizó que al menos podrá remitirse un dictamen al Pleno para que pueda ser debatido en la Cámara.