PSOE y Cs cierran la puerta a una ley de inclusión educativa andaluza

Apoyan la PNL del PP, excluyendo la elección libre de centro del alumnado con necesidades

La historia se repite. Como ocurriera con la proposición de ley de atención temprana, PSOE y Cs impiden que Andalucía sea pionera en la defensa de los derechos del alumnado con necesidades educativas especiales a través de la vía legislativa y rechazando la implantación de la libre elección de centro sin restricciones. Al menos por ahora, pues en el servicio a los menores con trastornos han tenido que recular. La propuesta defendida por el PP en el Parlamento fue aprobada sólo parcialmente.

Los populares consiguen el respaldo para que este alumnado «sea incluido como un colectivo prioritario para acceder a una plaza en el comedor escolar» y para que se «garantice la dotación y asignación de recursos –humanos y técnicos– a todos los centros educativos públicos para el próximo curso 2017-18, a fin de solventar las carencias que actualmente existen y poder así atender debidamente al alumnado con necesidades especiales». También se alcanza el compromiso de «revisar y armonizar la legislación de los centros de educación especial» de Andalucía. Fruto del debate de esta PNL, además, se sumó una enmienda de Ciudadanos para potenciar la formación continua del profesorado no específico para mejorar la calidad de la enseñanza. Algo que puede considerarse un brindis al sol al no concretarse en qué horario se llevaría a efecto.

La coincidencia de los grupos de la oposición en la necesidad de dotar de más recursos a los centros la rompió Cs al tratar el primer punto: la libre elección de centro sin excepción de este alumnado. El diputado José Antonio Funes defendió la postura de la Junta que lleva a casos sangrantes en los que «el menor va al recurso en lugar del recurso al menor», como advirtió Antonio Guerrero, portavoz de la Plataforma de Atención Temprana. La postura socialista, a través de Adela Segura, sólo puede calificarse como «beligerante». Una vez más, el discurso acabó dirigiéndose al Gobierno de la Nación, llegando a calificar como «broma de mal gusto» las propuestas del PP.

El compromiso de presentar durante el segundo periodo de sesiones de 2017 «un Proyecto de Ley de Inclusión Educativa» con la finalidad de «conseguir una inclusión real y una atención más personalizada fue rechazada por PSOE y CS, pese a ser una cuestión que se abordará en Madrid en la negociación por un pacto educativo.

En Andalucía hay más de 45.000 menores escolarizados con necesidades educativas, pero esta cifra se multiplica por tres si se tiene en cuenta al alumnado con dificultades de aprendizaje, con necesidades de audición y lenguaje, con necesidades de monitor o que se encuadran en aulas específicas.

Por otro lado, Podemos sacó adelante una PNL que recoge una batería de medidas para la restitución de los derechos del personal docente e investigador de las universidades públicas de Andalucía.