Ratifican a la jueza que cargaron a cursos pagados por la Junta de Andalucía hasta pijamas unisex

Una interventora confirma el uso irregular que se dio a tres ayudas otorgadas al consorcio Formades

A veces las irregularidades son de una evidencia casi violenta. Ayer declaró la interventora de la Junta María Rosario L. en la pieza que la jueza María Núñez desgajó del «macroproceso» de los cursos de formación subvencionados por la Junta centrada en el Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), que estaba ubicado en Almonte (Huelva). Pertenecía a la red de hasta 14 consorcios-escuela diseñada por el Ejecutivo regional y fue disuelto en enero de 2014 al calor de irregularidades afiladas como una navaja que la interventora confirmó al ratificar en sede judicial como hizo, según trasladaron fuentes del caso a LA RAZÓN, un informe fechado en mayo de este año sobre Formades que se le encargó. En él analizó a la luz de documentación que le facilitó el juzgado tres subvenciones que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), adscrito a la consejería de ese ramo del Gobierno autonómico, otorgó al mencionado consorcio entre 2008 y 2010 por un valor de 5.550.155,63 euros. En los tres casos, María Rosario L. llegó a idéntica conclusión tras desplegar su labor fiscalizadora: «No se han cumplido las finalidades para las que fueron concedidas las subvenciones, por lo que no se ha dado el adecuado destino a las mismas», dictaminó.

La primera ayuda, asignada en noviembre de 2008 se elevó hasta los 2.873.484,43 euros y su destino era, entre otras cuestiones, actividades formativas para desempleados. La técnico dejó claro en su trabajo que no existía «documentación alguna acreditativa de la realización completa de los cursos» ni del «porcentaje de asistencia de los alumnos» a éstos. Reseñó múltiples elementos que no eran subvencionables como «los gastos generados por la directora gerente» del extinto ente, Ana María Orihuela, cuya «nómina de septiembre de 2009» se presentó «duplicada». La hilera de anomalías detectadas en torno a los costes que se imputaron a los cursos ligados a aquella subvención es muy extensa e incluye, en una actividad teóricamente de doma ecuestre, la adquisición por 173,30 euros de «seis pijamas unisex para clases de veterinaria» sin que se acredite en el expediente si se entregaron a los alumnos o qué se hizo con ellos. Se gastaron otros 340,20 euros en vestuario, en concreto en una polaina, un botín, un sombrero y un fajín, cuya «necesidad para la realización del curso» la interventora no consideró acreditada, como tampoco su receptor final.

La resolución de otorgamiento de la segunda subvención examinada se adoptó el 1 de diciembre de 2009 y «fuera del plazo de seis meses establecido» en la norma reguladora que le afectaba. La cuantía fue en aquella ocasión de 1.305.000 euros que debían servir para desarrollar un proyecto formativo y otro de inversiones, como era habitual en lo relativo a ese tipo de fondos. Entre los gastos imputables a aquellas acciones de formación se incorporaron «cinco mantas de invierno bicolor, por un importe de 270 euros», que, según la interventora de la Junta, «no» guardaban «relación directa con la actividad subvencionada», como tampoco lo hacía «la prestación consistente en arreglo de botas». En su informe, María Rosario L. reflejó también que se abonaron con los fondos públicos «determinadas mercaderías, desconociéndose los datos relativos a su pago».

La última ayuda se dio en noviembre de 2010, de nuevo «fuera del plazo» legal marcado, y se alzó hasta los 1.371.671,20 euros. En relación a ella subrayó la inexistencia de «documentación» que certificara «la realización completa de los cursos», ni datos de los alumnos, «ni partes de asistencia». De hecho, las fuentes de la causa consultadas por este diario anotaron que la técnico aseguró a la jueza que «los expedientes están todos en fase de reintegro».

Un ente “gestionado” por el Ejecutivo regional

En el sumario que sobre Formades ovilla el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla consta la declaración policial que como testigo prestó el que fuera jefe de administración del mismo, J. L. M. R. Éste explicó a los agentes de la Guardia Civil que el consorcio estaba integrado en un 90% por la Junta y en el 10% restante por la mancomunidad de Municipios de la Comarca de Doñana, si bien, «la gestión realmente la ejercía» la primera.