Recio y Rivera se desmarcan de las ayudas a Delphi

El ex director de Trabajo declaró que paralizar el proceso era «como tirar de una palanca en un avión en marcha»

El ex consejero de Empleo Manuel Recio y el ex director de Trabajo Daniel Rivera se desmarcaron ayer de las ayudas de la Junta a 1.900 ex trabajadores de Delphi tras su cierre, al apuntar a decisiones de sus antecesores que en su época gestionaron los viceconsejeros de Empleo y Economía e Innovación.

Recio, que en 2010 sustituyó a Antonio Fernández como consejero de Empleo, declaró como investigado ante la instructora del caso ERE, María Núñez, en la pieza separada sobre las ayudas públicas concedidas a 1.900 trabajadores de Delphi y de la industria auxiliar afectados por el ERE presentado por la factoría gaditana en 2007, para el que el Gobierno andaluz comprometió 258 millones de euros. El ex consejero de Empleo se desmarcó de las decisiones adoptadas sobre estas ayudas, que ha atribuido a su antecesor, y sólo reconoció haber aprobado como miembro del Consejo de Gobierno dar dinero para refinanciar las pólizas de prejubilación de los trabajadores afectados por el ERE si bien no recuerda que la Intervención de la Junta pusiera reparo.

Por su parte, el ex director de Trabajo Daniel Rivera también atribuyó las decisiones sobre estas ayudas a sus antecesores y señaló que se encargaron de su gestión los ex viceconsejeros de Empleo y Economía e Innovación Justo Mañas y Luis Nieto respectivamente, quienes eran además los que en las reuniones con los sindicatos abordaron el listado de trabajadores beneficiados. Rivera indicó que las ayudas a Delphi estaban en marcha «a velocidad de crucero» y paralizarlas era «como tirar de una palanca en un avión en marcha». «A posteriori podemos cuestionarnos qué se pudo haber hecho, pero en aquel momento había un acuerdo heredado y por compromisos no se podía anular una póliza. Se detectaron intrusos e irregularidades a raíz de la revisión de los funcionarios que no fue un filtro acertado al cien por cien y luego ya más exacto por la Cámara de Cuentas, que detectó gastos excesivos». Él se lo dijo a la interventora general y ésta dijo que había que acordarse la suspensión de los pagos.

También declaró como investigados el responsable de la aseguradora Uniter, José González Matas, quien a la pregunta de la abogada del PP Lourdes Fuster sobre quién le mandaba los listados con los que se tenían que prejubilar dijo que los listados de los trabajadores a incluir se los mandaba Garrigues.

También declararon diez beneficiarios que se prejubilaron en Delphi y que reconocieron que trabajaban para otras empresas, quienes señalaron que fueron los sindicatos los que les informaron de que iban a cobrar una renta como prejubilados de Delphi (600 euros al mes). Uno de ellos fue prejubilado en 2009 y tenía una incapacidad temporal, que en 2011 le fue reconocida como absoluta, pese a lo cual siguió cobrando hasta los 55 años. Lo hizo, según explicó, porque la Junta y los sindicatos acordaron darles ese dinero para no recolocarlo. Dijo que él lo comunico pero le siguieron pagando. Otro, al que la Junta reclamó el dinero en el 2012, apuntado que fueron los responsables de CC OO y González Matas quienes le indicaron que iban a incluirlo en la póliza de Delphi aunque su empresa era Suidamar, donde trabajó del 2003 al 2008.