Rehenes de los conciertos educativos

La Constitución nos trajo la gratuidad de la enseñanza obligatoria, y la libertad de educación, los cuales no podían concebirse si no en el marco de la libre elección de centro educativo y de la gratuidad de la plaza escolar. Y para hacerlos reales y efectivos, se optó, entre los sistemas posibles, por el del concierto educativo, mediante el que la Administración financiaría el coste de la plaza escolar, para que ésta fuera gratuita, por ser mandato constitucional.

Sin embargo, la perversidad ideológica y política ha logrado corromper la finalidad de esta ayuda económica, que no es la de financiar a los centros educativos, sino las familias y los propios alumnos, como destinatarios de tales ayudas. Y titulares de estos derechos. Si a ello sumamos el sometimiento de la escolarización a la programación ideologizada de la enseñanza, que ha convertido a los centros concertados en piezas de la red pública de enseñanza, mutilando en parte su autonomía pedagógica y de gestión, para su adaptación a criterios impuestos por la Administración que paga el concierto; y los criterios políticos que rigen la escolarización del alumnado, señalándole a las familias en qué centros puede escolarizar a sus hijos, si es que hubiera plaza, imponiéndole en otro caso una en un centro decidido por aquélla; y si tenemos en cuenta la introducción curricular de las ideologías abanderadas por los partidos políticos, que han de impartirse obligatoriamente, según unos libros de textos que obtengan el visto bueno de la inspección administrativa, resulta que nos encontramos ante un sistema educativo en el que la libertad «ni está, ni se le espera».

Pero como decía, una opción era el concierto educativo, pero no es la única opción. Hay otras fórmulas que garantizan más y mejor la libre elección de centro educativo, y la gratuidad de la enseñanza. Es el que viene denominándose como «cheque escolar», cuyo importe es el coste de la plaza escolar en los centros públicos, y mediante el cual, entregado a la familia, ésta elige libremente el centro educativo que quiere para sus hijos. Puede así optar entre la enseñanza pública o concertada. Entre centros de educación diferenciada o de coeducación. Mediante esta fórmula, las familias pueden elegir libremente, sin condicionamiento económico alguno que quiebre las bases de la igualdad y de la universalidad de la educación. Y los centros educativos recuperan la plena autonomía pedagógica y de gestión, no sometiéndose a criterios políticos de escolarización y de enseñanza. El invento ya viene funcionando en países como Suecia, Dinamarca y en algunos estados de Estados Unidos como Washington, Florida o Colorado. Optar por este sistema exige el ejercicio de responsabilidad del reconocimiento de la libertad como máxima fundamental sobre la que se asienta la democracia. La pregunta es, ¿habrá algún político que asuma el ejercicio de esta responsabilidad?