Sanz acusa a la Junta de «falsear» los datos sobre el cierre presupuestario

El delegado del Gobierno lamenta que el Ejecutivo andaluz se «invente» cifras y garantiza que llegarán todas las transferencias marcadas por ley.

Ni 2.500 millones de euros menos ni 18.000 puestos de trabajo en peligro por el adelanto del cierre de los Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Ejecutivo central en funciones. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, se mostró ayer contrariado por las críticas que emanan desde la Junta y el PSOE en los últimos días y que se escenificaron el martes tras el Consejo de Gobierno.

Sanz aseguró ayer que el cierre del ejercicio presupuestario afecta «exclusivamente al gasto del Estado», con lo que «la Junta de Andalucía va a recibir todas las transferencias que le corresponden por ley en este 2016». Por ese motivo, y en contra de lo que se está diciendo desde la Administración autonómica, las políticas de empleo, sanitarias, educativas y sociales «están garantizadas», «la ejecución de lo que está comprometido se va a seguir cumpliendo, y lo que está ejecutándose se va a seguir cumpliendo».

Tras los argumentos, también vino la crítica política. Al igual que hiciera el martes el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, Sanz elevó el tono para lamentar que el Ejecutivo regional «se lo está inventando todo» en cuanto a lo que ha dicho que va a perder, por ejemplo, en materia de empleo o de dependencia, ya que «todas están garantizadas».

Acusó al Gobierno andaluz de ofrecer «cifras malintencionadas» ya que el presupuesto del Ejecutivo nacional prevé «un ahorro de mil millones de euros» y es «imposible que la Junta pierda 2.500 millones del Estado, como sostienen», indicó.

El representante de la Administración central en la comunidad englobó estas críticas en la «confrontación permanente» que la Junta busca con el Gobierno de Rajoy, pese a que ha sido «el que más ha ayudado y colaborado con Andalucía», recordando que el Ejecutivo ha transferido «31.000 millones de euros de fondos extraordinarios de liquidez para que la comunidad resolviera su situación económica y financiera, y ha salvado muchos empleos y muchos servicios esenciales en Andalucía».

La postura de la Junta de Andalucía y sus críticas al adelanto del cierre presupuestario tampoco han encontrado especial apoyo en el resto de los partidos políticos con representación parlamentaria, salvo el PSOE. Ciudadanos, que mantiene su acuerdo de investidura con Susana Díaz, recomendó al Gobierno andaluz que «no puede estar permanentemente en el lamento de que siempre somos los maltratados».

El presidente y portavoz parlamentario de la formación naranja, Juan Marín, instó a la Junta a tomar medidas porque « hay margen para poderlo hacer, para que esa circunstancia no se dé». Marín encuadró esta falta de financiación en que «ni el PP ni el PSOE cuando han gobernado se han preocupado de poner en marcha una ley de financiación autonómica justa, que fuera equitativa para todas las comunidades autónomas y garantizara los servicios básicos».

Más comprensión, aunque con matices, encontró la Junta en Podemos. La presidenta del grupo parlamentario, Carmen Lizárraga, sí advirtió de los efectos «negativos» que puede acarrear el cierre adelanto de los Presupuestos Generales del Estado, pero recordó que esta práctica también «se ha llevado a cabo» en Andalucía en anteriores ocasiones. Y dio un paso más, porque afirmó que el Gobierno regional «sabía que estaba construyendo sus Presupuestos» para este año «sobre unos que estaban inflados».

«No basta con salir con quejas» porque «quejarse sirve de poco», dijo la presidenta del Grupo Parlamentario de la formación morada, frente a lo que abogó por «más rigor en la planificación presupuestaria y menos lamento». Podemos sí mostró su apoyo para hacer «un frente común en Andalucía en contra de estas políticas austericidad».