Silencio del Ayuntamiento de Sevilla respecto a la UTE falsa de Fitonovo

Ni confirma ni desmiente. La Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla no ha podido constatar si conocía y desde cuándo que la empresa Fitonovo está al frente de una sociedad fraudulenta con la que mantiene una concesión municipal desde septiembre de 2012. Fuentes municipales remitieron a las «especiales circunstancias» del caso, en manos del juzgado de Instrucción número 6, al igual que mucha de la documentación relativa al macroconcurso de 2012 sobre el que se investigan presuntas irregularidades.

LA RAZÓN requirió esa información tras publicar el pasado día 12 los detalles relativos al fraude. Tres semanas después, desde el Consistorio se continúa remitiendo a un futuro informe que habría solicitado al respecto el nuevo responsable del área, Francisco José Ibáñez, que se incorporó a primeros de año en sustitución del imputado y posteriormente destituido Joaquín Peña. Las mismas fuentes precisaron también la posibilidad de que ese cambio pudiera haberse comunicado a uno de los funcionarios implicados.

La relevancia de la operación urdida por Fitonovo radica en que se valió de la solvencia de una segunda empresa para lograr un contrato millonario que debió liquidarse en base a cambios sustanciales en la sociedad adjudicataria. Esa concesión, por tanto, tendría que someterse a un nuevo concurso, según aseguraron en su día a este periódico fuentes jurídicas de toda solvencia, quienes advirtieron de que se estaría incurriendo en «un fraude de ley». «Cuando los contratos se hacen bien, normalmente se obliga por parte de la Administración a mantener un porcentaje a cada empresa», apuntaron.

Venta pactada

La compañía eje de la «Operación Madeja», que dirige la juez Mercedes Alaya, conformó una sociedad con Limpiezas Lorca con la que ganó el segundo de los lotes más cuantiosos para el mantenimiento de las zonas verdes de la capital. Una Unión Temporal de Empresas (UTE) falsa porque estaba pactado de antemano que Fitonovo se apropiaría de ella en caso de adjudicarse los trabajos, como así ocurrió. Y fue tan solo un mes después de cerrar el acuerdo con el Ayuntamiento cuando consumó sus intenciones, haciéndose con el 99% del accionariado por una «cantidad simbólica». Así quedó reflejado en un documento notarial en el que Fitonovo se declaraba responsable único del servicio en el futuro.

El objetivo de mantener ese 1% testimonial fue evitar la disolución de la sociedad. Al implicar un cambio sustancial respecto a las condiciones iniciales, Fitonovo y su socia debieron comunicarlo a la otra parte, en este caso la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla. Este punto es el que no ha podido concretar dicha delegación, que ni niega ni confirma si llegó a tener conocimiento de ello.

Lo significativo es que la operación se hizo precisamente para beneficiar a la compañía del empresario Rafael González Palomo y se cerró por «una cantidad simbólica», según admitieron a este periódico fuentes cercanas a la empresa de limpieza.

Bajo secreto

En estas semanas han continuado las indagaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Por sus dependencias centrales han pasado al menos un empresario y un empleado de una de las concesionarias, que incluso acudió a declarar con el uniforme de trabajo, según ha podido saber LA RAZÓN. Esta persona acudió en solitario mientras que el empresario lo hizo asistido por una letrada, algo habitual incluso cuando los citados acuden en calidad de testigo. Fuentes del Ayuntamiento también negaron tener conocimiento de esas nuevas declaraciones, que aún se encuentran bajo secreto sumarial.

Joaquín Peña fue destituido el pasado 16 de diciembre dentro de la segunda fase de la «Operación Madeja», después de conocerse su imputación por parte de la juez Mercedes Alaya. Pese a tomar la decisión de forma inmediata, días después el alcalde, Juan Ignacio Zoido, defendió que el ex concejal del PP «no ha hecho nada mal». Incluso lo calificó como «una persona honorable».

El suculento negocio de 48 millones de euros por el que pujaron hasta 29 empresas –en solitario o constituidas como unión temporal de empresas (UTE)– recayó finalmente en seis distintas, entre ellas Fitonovo y Conversa-Cytever, estrechamente ligada a la primera. Desde que se destapara la «Operación Madeja», en julio del año pasado, cuatro imputados han ingresado en prisión. El primero fue el ex asesor del PSOE Domingo Enrique Castaño, que salió libre dos meses después tras pagar una fianza de 60.000 euros. Los otros tres lo hicieron en la segunda fase de la operación. Entonces fueron encarcelados dos funcionarios municipales: Francisco Luis Huertas –en libertad hace una semana tras depositar también 60.000 euros– y el ex jefe de servicio Francisco Amores, que permanece en la cárcel. En la misma situación se encuentra el administrador de Fitonovo, José Antonio González Baro –hijo del propietario–, a quien el pasado jueves la Audiencia denegó su puesta en libertad.