SOS contra el robo de vida

En riesgo. Ésa es la etiqueta que WWF quiere que se le ponga a la unidad hidrogeológica 05.51 Almonte-Marismas, antes conocida como acuífero 27 de Doñana, el espacio natural protegido que comparten las provincias de Huelva y Sevilla. El responsable de Agricultura de la organización conservacionista, Felipe Fuentelsaz, apunta la base de su petición: «Las cifras e informes oficiales como el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) referente al año 2014-2015 nos demuestran que la situación del acuífero es dramática, con un descenso continuado que ni siquiera años lluviosos han podido revertir». Una certeza desdichada que preocupa a la Unión Europea.

Bruselas abrió en octubre de 2014 un procedimiento de infracción contra España por este asunto a instancias de WWF y en abril de este año urgió al Estado a resolver la presión que actividades humanas como la agricultura y en menor medida otras de índole turístico-recreativas –el núcleo urbanístico de Matalascañas, perteneciente al municipio onubense de Almonte, está encajado en el parque– ejercen sobre esa reserva líquida subterránea. En un «duro» dictamen motivado la Comisión dio entonces a España dos meses de plazo para actuar, tras cuestionar datos remitidos por el Ejecutivo central, a través de su organismo de cuenca, la CHG; y la Junta. Un plazo ya finalizado, por lo que ahora corresponde a la UE decidir si sigue con un proceso que podría acabar en sanción.

Fuentelsaz no confía en que la historia del «contrabando» suave de agua que impide la gestión sostenible de los recursos hídricos en la comarca de Doñana acabe bien para los intereses españoles, ya que «están en juego fondos y credibilidad». Explica a LA RAZÓN que «existen 66 puntos que miden el nivel de profundidad del acuífero y de los que se deduce que la media de la masa de agua se encuentra en situación de alerta, si bien, existen zonas como la Cabecera Sur y Norte de la Rocina, o el Norte del Arroyo de la Rocina, entre otras, que están ya en situación de alarma debido principalmente a las extracciones para el regadío». A ello se suma que el propio informe de la Confederación refleja «dos grandes conos de depresión piezométrica –puntos donde el acuífero ha sufrido un descenso significativo que afecta a la conexión con los espacios naturales– respecto a las cotas medidas en 1995». Uno está situado al Norte de El Rocío y otro al Sur de Villamanrique. En definitiva, para el responsable de Agricultura de WWF «el progresivo deterioro» de la unidad hidrogeológica sin que «las administraciones estatal y andaluza hayan tomado las medidas necesarias para impedirlo». ¿Qué es lo más urgente que habría que hacer? «Cerrar los pozos ilegales y eliminar los cultivos» también al margen de la ley, responde Fuentelsaz. En relación a los primeros, distintas organizaciones ecologistas los han cifrado en más de 2.000. De ellos, 42 han sido clausurados por la CHG, de la que depende en su mayor parte la gestión del acuífero, y otros 10 por la Demarcación Hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras, competencia de la Junta. Se trata de una cifra, 52, insuficiente para los ecologistas. Por lo que respecta a los regadíos irregulares, el Gobierno andaluz dio el visto bueno hace casi dos años y medio a un plan de reordenación que conllevaba la desaparición de alrededor de 1.500 hectáreas de cultivos irregulares del entorno del coto, pero «no se han eliminado», advierten los conservacionistas.

La última fase del toque de atención de Bruselas podría ser que «el Reino de España acabe denunciado ante el Tribunal Europeo por incumplimiento de la normativa comunitaria», avisan desde WWF. Por el momento, esta entidad exigirá en la reunión del Consejo de Participación de Doñana del viernes 8 de julio que «se declare en riesgo el acuífero y que se apliquen las medidas de control que prevé la Ley de Aguas para reordenar el uso de ese elemento en la zona, clausurar pozos ilegales, frenar la expansión del regadío ilegal y controlar el consumo de agua». Un discurso que comparte en esencia Ecologistas en Acción, que demandará por segunda vez la dimisión del presidente de la CHG, Manuel Romero, según adelantó su portavoz en el Consejo, Antonio Ramos. «Esperemos que venga a la reunión y que tenga la delicadeza de no irse antes del turno de ruegos y preguntas para poder planteárselo a la cara». «Ha sido el peor presidente que ha tenido la Confederación en 25 años», remata Ramos.