Caso ERE: «Guerrero pagó con billetes de 500 abundante marisco y vino»

Suman a la causa una denuncia que afirma que manejaba 90 millones «a su libre disposición».

La letrada de la Administración de Justicia del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha adjuntado a la «macrocausa» de los ERE irregulares, a través de una diligencia de ordenación fechada el 28 de septiembre, una serie de documentación, de la que se dará copia a la Guardia Civil, en la que se apunta a uno de los implicados en el proceso: el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero. Su nombre consta en una denuncia interpuesta en Palma de Mallorca en junio de 2012 por M. C. C., quien en 2008 aceptó llevar a cabo trabajos encaminados a «refinanciar» la deuda que tenían las empresas jerezanas Fivesur SL, Promotora Seyca SL y Cerrajería Estella SL. Tras mantener infructuosas reuniones con entidades bancarias y «en vista de las dificultades de conseguir» dinero, el denunciante recomendó a los «socios de Fivesur y Promotora Seyca», según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, «vender las sociedades». En el arranque de ese proceso, M. C. C., relata que solicitaron una entrevista con Guerrero, quien los recibió el 4 de marzo en su despacho. Los compradores ponen sobre la mesa en ese escenario su inquietud por que las deudas que «a priori» eran de 6 millones, se habían elevado a 19 tras revisar papeles y «amenazan con no comprar» y levantarse de la silla. Entonces, de acuerdo a la denuncia, el ex director general de Trabajo «ratifica que la Junta de Andalucía se compromete a subvencionar a las sociedades con 7 y 1,5 millones cada año durante los próximos años». «Más de 60 millones en obras que adjudicaría» en concreto a Fivesur y Seyca.

Y esto no es todo. Después de plantear esa oferta, el ahora investigado en el «caso ERE» indicó que «disponía de 90 millones anuales a su libre disposición» que estaban «bajo su única responsabilidad y uso». Con todo, los presuntos compradores mostraron sus reticencias en torno a la operación, dado que «se tenían que quedar con todos los trabajadores –alrededor de 200–» y éstos «estaban muy quemados con la empresa». A ese nuevo revés, el ex alto cargo de la Junta respondió asegurándoles que ayudaría a «realizar una regulación de empleo», gracias a la que podrían mandarlos todos al paro y «se encargaría» de que el Ejecutivo regional les abonara «el 20% del sueldo para suplir la cantidad del desempleo» y además «el tiempo que estuvieran en regulación no les contaría para el paro». A ello sumó su apoyo «con las garantías necesarias» para que ningún banco se negara a renegociar la deuda. Es más, apuntó, de acuerdo con lo expuesto por M. C. C., que ahora cobra actualidad, que «él ya tenía hablado este punto con una». En ese momento quiso saber si necesitaban algo más, a lo que uno de los asistentes a la cita contestó: «2 millones para hacer los primeros pagos a proveedores y los atrasos a los trabajadores».

A esa nueva cuantía se añadirían otros anticipos para pagar el IVA, desembolsos pendientes con el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) o con Hacienda y la Seguridad Social, pero si el acuerdo se «firmaba antes del 7 de marzo de 2008», dos días antes de las elecciones andaluzas de aquel año. «Para celebrar el éxito de la reunión –continúa el escrito– nos invitó a cenar a un restaurante de lujo en el lado del río Guadalquivir, delante de la Torre del Oro, con abundante marisco, buen vino y licores». «La factura fue pagada en efectivo por Javier Guerrero con billetes de 500 euros», prosigue el testimonio. Movimiento que provocó el comentario de M. C. C. sobre lo bien que cobraban los directores generales del Gobierno autonómico, a lo que siguió la insistencia en que existían «fondos que no requerían justificación», que eran «libres», para, a continuación, invitar a los presentes a «un whisky en el hotel Alfonso XIII». El tiempo no se ha parado desde entonces. M. C. C. sostiene que nunca llegó a cobrar sus honorarios por aquella labor, la Justicia ha dictado fallos contrarios en torno a la legalidad de las ayudas que la Junta concedió a la jerezana Fivesur y la responsablidad de Guerrero en los ERE está por juzgarse.