Trama de los ERE: Los dos jueces apuestan por dar carpetazo a la rama política

Los dos magistrados implicados ahora en la instrucción de la «macrocausa» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, María Núñez Bolaños –titular del juzgado sevillano instructor que la dirige– y Álvaro Martín, tienen una estrategia conjunta. Nadie se atreve a cuantificar el retraso que acumula un caso que arrancó hace más de cinco años, dividido en seis piezas más la matriz, que sobrepasa los 500.000 folios de sumario entre tomos y anexos, cuestiona un fondo para empresas en crisis que el Gobierno andaluz nutrió con 855 millones durante una década –en esencia entre 2000 y 2010– y que acabó con la carrera política de incluso dos ex presidentes de la Junta: los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El tiempo transcurrido es irrecuperable, pero de cara al futuro, ambos jueces pretenden avanzar ahora con dos tempos. Quieren «pisar el acelerador» en la pieza centrada en el denominado procedimiento específico –el sistema creado en el seno de la Administración andaluza para repartir las ayudas–, mientras Núñez Bolaños progresa a un ritmo «más ralentizado» en el resto de los bloques en los que ha troceado por el momento el «macroproceso». Las diligencias a las que se les ha imprimido mayor dinamismo son las que afectan a Chaves, a Griñán y a decenas de ex altos cargos del Ejecutivo autonómico, cuyas riendas maneja Martín, quien ha animado a las partes a ir ultimando los escritos que consideren indispensable transmitirle en esa pieza.

Buscan poner un punto final global de «una vez» a una instrucción que reúne ya a centenares de encausados, algunos de los cuales han desfilado por el juzgado en múltiples ocasiones, idas y vueltas que la propia Núñez comentó con uno de los más citados. Para lograrlo, consideran que lo mejor es que se resuelva primero sobre la legalidad o ilegalidad del mencionado procedimiento creado para repartir los fondos públicos y en ello van a centrar esfuerzos. De hecho, la titular del juzgado expresó por escrito su creencia en la «gran relevancia» que dirimir esa cuestión tiene para la causa, tanto a la hora de determinar el resto de posibles piezas, como para su enjuiciamiento. Lo hizo en un auto, rubricado el pasado enero, en el que respondió a un recurso interpuesto por el abogado del ex director general de Trabajo investigado, Francisco Javier Guerrero, y en el que sumó la importancia de que se aclare igualmente si las «comisiones pactadas» que podrían haberse pagado se ajustaban o no al mercado y si pudieron «suponer un menoscabo del erario público». ¿Por qué es sustancial solventar esos dos puntos? Según el criterio de la instructora, para evitar fallos contradictorios tras juzgar cada una de las piezas, lo que no significa, a su juicio, que cada subvención bajo sospecha no pueda ser instruida y enjuiciada de manera independiente, al contrario de lo sostenido por varias defensas que argumentan que ello causaría indefensión.

En la misma resolución de enero, Núñez replicó a los impelidos por la urgencia que «no se puede hablar de dilación indebida más allá de la que ya concurre» tras más de un lustro de pesquisas y deslizó que lo que había que hacer «para evitar» más retrasos y «perjuicios a los investigados» es «poner todos los medios personales y materiales necesarios para que pueda haber un enjuiciamiento rápido». Un juicio «dentro de un plazo razonable», al que aseveran tener derecho encausados como Griñán.

A la espera de saber si la demanda de más medios de la jueza se materializa o no, fuentes judiciales de las que han confirmado a este periódico la táctica judicial seguida por los dos jueces avisan de una grieta: el carpetazo vía sentencia al bloque del procedimiento específico puede «no ser muy rápido, por mucho que lo intenten». ¿Las razones? «A la circunstancia de que será un juicio complicado de celebrar por el número de investigados que ha llegado a reunir», exponen, «el fallo, que previsiblemente no contentará a todos, se puede recurrir». En otras palabras, creen que la sentencia sobre esa pieza que «podría influir en las demás» debe «ser firme», lo que tal vez implique meses de pleitos por los recursos promovidos por los antes imputados. Incertidumbres al margen, esta semana continuará el «paseíllo» de declarantes que Griñán no quiere repetir, al entender que ya compareció en el Supremo por los mismos hechos, pero del que alguna defensa no lo dejará «borrarse tan fácilmente» al estar dispuesta a «pedir que acuda, si hace falta».