Política

Un empresario asegura a Alaya que Viera (PSOE) «prometió» una ayuda de 600.000 euros

Eduardo Manuel Lora, empresario de la Sierra Norte de Sevilla que fue administrador "de hecho"de la empresa SAT Virgen del Espino, ha declarado este martes como imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y ha asegurado que el exconsejero de Empleo y actual diputado del PSOE en el Congreso José Antonio Viera "prometió"una ayuda de 600.000 euros para la empresa.

La juez Mercedes Alaya ha tomado declaración a Lora porque entiende que "habría participado directamente en la concesión de determinadas ayudas", ya que como administrador "de hecho"de la empresa Virgen del Espino "ejercitaría el control de esta sociedad utilizándola para que adquiriera los fondos públicos, aprovechándose presuntamente de las relaciones y tratos de favor que mantendría con los responsables públicos investigados, con objeto de conseguir resoluciones a favor de la citada sociedad".

Lora, a quien la instructora ha imputado tres presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, ha asegurado que Viera "fue a la empresa y prometió una ayuda de 600.000 euros", precisando el empresario, que posteriormente, "llegó una ayuda"por dicho importe.

Al término de su comparecencia, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se le imponga una fianza de responsabilidad civil de 1,5 millones de euros.

También ha comparecido este martes ante la magistrada el "tándem"de empresarios de la Sierra Norte de Sevilla formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, quienes se han acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que la instructora les haya imputado los mismos tres delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

La juez ha imputado a ambos los mismos hechos derivados de las ayudas recibidas por su "entramado societario", cifradas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 34,2 millones de euros.

El Ministerio Público ha pedido una fianza civil para cada uno de ellos de 25,7 millones de euros y que se les imponga la obligación de comparecer en el Juzgados los días 7 y 21 de cada mes, petición a la que se ha adherido la acusación que ejerce la Junta de Andalucía.