Un empresario dice que Lanzas le pidió 1,2 millones para «gente de la Junta»

SEVILLA- El administrador y presidente del Consejo de Administración de la empresa Aglomerados Morell, Jorge Andrés Morell, no se desdijo ante la juez que investiga los ERE irregulares, Mercedes Alaya, de lo que había contado a la Guardia Civil. De hecho, aseguró en sede judicial que el «conseguidor» de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas le pidió 1,2 millones de euros «para empezar a trabajar» y argumentando que «tenía que repartirlo entre gente de la Junta», aunque finalmente Morell sólo le entregó unos 11.000 euros.

El empresario declaró ayer como imputado en el caso de los ERE por las ayudas recibidas por su empresa para prejubilar a 26 trabajadores, entre los cuales se encontraba él mismo, pese a que ya estaba jubilado. Según puso de manifiesto, Lanzas le pidió 1,2 millones alegando que «no era para él, sino para repartirlo entre gente de la Junta», aunque sólo le dio 11.000 euros a través del «testaferro» Juan Francisco Algarín –7.000 euros– y de una empresa vinculada al cuñado del «conseguidor», Ismael Sierra –los otros 4.000–.

El empresario explicó a la juez que hizo un ERE aprovechando el traslado de su empresa desde la localidad sevillana de Santiponce a la de Villanueva del Río y Minas, a pesar de que, según admitió, no necesitaba el expediente porque sus trabajadores estaban formados y contratar a nuevos le supondría tener que impartirles cursos. Sobre su propia inclusión alegó que Lanzas «le dijo que tenía que meterse» y que le echara cuenta «porque él era quien entendía de eso». Afirmó también que el entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, le dijo que le iba a conceder una ayuda de 2,5 millones, «pero que no podía dárselos de una sola vez porque entonces tenía que pasar por el Consejo de Gobierno», por lo que el dinero iría fraccionado en partidas de 440.000 euros. Aludió también a la entonces candidata del PSOE a las elecciones en Villanueva del Río, María José Cervantes, para afirmar que ésta le transmitió que gracias a haber metido en la nueva empresa a los trabajadores que ella le indicó, había ganado las elecciones. La juez le imputó los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias y la Fiscalía Anticorrupción pidió para el empresario una fianza de responsabilidad civil de 3,2 millones de euros, equivalente a las ayudas que le concedió la Junta más el tercio legal previsto por la ley.

Durante la jornada prestó declaración también el presidente del Consejo de Administración de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante, quien también se refirió a Lanzas para afirmar que éste le pidió una comisión de 118.000 euros «por sus gestiones», cantidad que cobró el propio ex sindicalista presentando para ello una factura realizada por Algarín.

Cabe recordar que en el ERE de Surcolor fueron incluidos dos «intrusos» vinculados a Rivas: su concuñado y el marido de una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas. Anticorrupción pidió para Bustamante una fianza de 1.546.000 euros.

Por su parte, Manuel R. Castilla, consejero delegado de Surcolor, esgrimió que él era un empleado y no un accionista de la empresa. Fue Antonio Manuel Bustamante, según su relato, quien lo puso en contacto con el «conseguidor» Juan Lanzas y éste, a su vez, con el ex delegado provincial de Trabajo Antonio Rivas. Asimismo, manifestó que le extrañó la inclusión de intrusos, aunque Lanzas y el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal Bonmati le dijeron que era una práctica habitual. La juez le imputó, entre otros delitos, prevaricación, tráfico de influencias y contra la hacienda pública. La fianza por responsabilidad civil requerida se elevó a los 1,5 millones. Al cierre de esta edición estaba en el despacho de Alaya el secretario de la Federación de Industria de CC OO-A, Enrique Manuel Jiménez. La declaración se interrumpió por un fallo informático. También se encontraba a la espera de declarar su homólogo de CC OO en Sevilla, Juan A. Caravaca.