Un ente de la Junta externaliza el control de las subvenciones

La Agencia Andaluza de la Energía, que repartió 74,5 millones de forma exprés, contrata ahora a una empresa para el «seguimiento técnico» y la «evaluación» de las ayudas públicas

Distintos juzgados de la comunidad investigan irregularidades en torno a las ayudas concedidas y gestionadas por el Gobierno andaluz. Tal vez por ello, el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2016, cuentas que ya tienen el visto bueno del Parlamento, incluyó una modificación del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Administración autonómica, aprobado por decreto legislativo en marzo de 2010, para que la Intervención General regional (IGJA) emita a partir del próximo ejercicio un informe sobre la situación de los procedimientos de reintegro de subvenciones iniciados por entidades dependientes de la Junta. Tendrá periodicidad anual y en él se podrá ordenar el «inmediato inicio y resolución de expedientes». Entonces, las entidades sometidas a vigilancia financiera mediante procedimientos y técnicas de auditoría, deberán prestar su colaboración a la Intervención General y suministrarle la información requerida «en los plazos establecidos».

Mientras llega esa vacuna anticorrupción, se han dado otros pasos para el control del dinero público que pasan por la externalización de servicios. En concreto la Agencia Andaluza de la Energía, ente adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, ha licitado y adjudicado un contrato de asistencia para el «seguimiento técnico» y la «evaluación» de «las subvenciones concedidas al amparo de programas específicos». Se trata de la agencia que, por ejemplo, repartió en febrero de forma exprés, en cuestión de horas, 74,5 millones del fondo para fomentar la construcción sostenible. Un dinero que se concedió «en régimen de concurrencia no competitiva», en otras palabras, por orden de llegada de los interesados.

La contratación de la agencia de la energía se ha llevado a cabo por un procedimiento «negociado con publicidad» que se ha tramitado de urgencia y el beneficiario ha sido la empresa Proyecta Gestión Integral de Proyectos SL, una consultora de Valladolid. El importe neto de la concesión es de 57.289,60 euros, el total, con el IVA incluido, se eleva hasta los 69.320, 42 euros. La sociedad que vigilará ahora las ayudas desde fuera será responsable de la «calidad técnica de los trabajos» que realiza, así como de «las consecuencias que se deduzcan» para la entidad pública empresarial de la Junta o «para terceras personas» y de «las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato», según se advierte en el pliego de las cláusulas administrativas vinculado a esta concesión. La empresa está «expresamente obligada» además a mantener «absoluta confidencialidad y reserva» sobre «cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento» de la relación contractual, «especialmente los de carácter personal». No podrá copiarlos o utilizarlos con ningún otro fin «ni siquiera a efectos de su conservación», se precisa.

Diversos sindicatos han censurado este tipo de externalizaciones de servicios «que afectan a información sensible» y que, entienden, en línea con lo expuesto en varios informes por la Cámara de Cuentas de Andalucía, suponen «pagar un tanto por ciento de más, un sobrecoste innecesario» que «podría ahorrarse a la larga» si «ese trabajo lo hicieran los empleados públicos de la Junta registrados en las Relaciones de Puestos de Trabajo cuyas plazas, en muchas ocasiones están desdotadas», lamentan. Pero, pese a las críticas, el Ejecutivo regional sigue recurriendo a esa fórmula. De hecho, la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, también licitó en septiembre un contrato por una cantidad total con IVA de 9.926.477 euros para tareas similares de «verificación y control de las operaciones cofinanciadas con los programas operativos regionales Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Desarrollo Regional» del periodo comprendido entre 2007-2013. Esta adjudicación será cofinanciada por Bruselas y se resolverá a través de un concurso abierto. La auditoría alcanzará a los fondos de la iniciativa «Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises», los conocidos como Jeremie, bajo la lupa del juzgado de Instrucción 5 de Sevilla que disecciona 185 millones con cargo a ellos que gestionó la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), tras detectar la Policía anomalías que podrían ser delictivas.