Un ex director acusa a la comisión de «desprestigiar» la formación

Se había granjeado la gratitud de los Grupos por mostrarse dispuesto a contestar en buen tono todas sus preguntas sobre los diez meses, «que dan para calentar el sillón y poco más», que permaneció al frente de la Dirección General de Empleabilidad y Formación Profesional de la Junta entre 2009 y 2010; pero Manuel Brenes cerró su paso por la comisión de investigación sobre los cursos lamentando el «que se esté desarrollando una investigación paralela a la judicial». «Algo impensable en cualquier país de nuestro entorno», enfatizó, para poner el acento también en el «desprestigio» que la comisión le está «acarreando» a la formación profesional y que, «será difícil» devolverle. Palabras que provocaron la reacción del presidente del órgano parlamentario, Julio Díaz (C’s), quien replicó que la comisión está «perfectamente legitimada para hacer su trabajo» y sostener que confía en que una de las consecuencias de éste sea que «salga reforzada la formación profesional para el empleo» y «todos los mecanismos, medios materiales y humanos de la Junta» que la rodean.

Brenes proclamó sentirse «inocente» de lo que se le acusa –fue detenido en marzo de 2016 y está investigado en un proceso judicial–. Negó haber cometido irregularidad alguna, haber recibido «instrucciones» o «insinuaciones» para cometerlas y haberlas dado. Durante sus intervenciones ensalzó la labor de los funcionarios y de los técnicos, «los que saben», sin embargo, cuestionó un informe de la Intervención de 2009, año en el que «se pusieron en marcha los certificados de profesionalidad» y que contiene afirmaciones que habría que «poner en solfa».

Afirmó desconocer documentos de la Cámara de Cuentas por cuyo contenido se interesaron sus señorías y defendió el mecanismo de los informes de auditorías, a preguntas de Marta Bosquet (C’s), quien le recordó que éste no obligaba a ver las facturas de las empresas. Brenes sostuvo que hubo «unanimidad» en su elección porque «agilizaba todos los trámites de justificación» de las ayudas y que contó con «todos los parabienes y bendiciones papales» de la Intervención y de los servicios jurídicos de la Junta. «Qué no ha funcionado», condensó con la vista en el retrovisor, «con hacer otra normativa ya está».

El ex alto cargo fue presidente de uno de los consorcios de la Junta que disecciona la Justicia, el CioMijas, y por él también fue interrogado. Aseguró que no «se arrepentía» de haber firmado la concesión de fondos para ese ente, pero matizó que si el dinero se usó luego «mal», para gastos no subvencionables, «él no estaba». En su táctica de apuntar a otros, mencionó al gerente. No quiso responder a Teresa Ruiz-Sillero (PP), con quien protagonizó momentos de tensión, si mantiene con él una «discrepancia política». Sí le admitió conocer al ex consejero Ángel Ojeda, cuyo grupo recibió más de 50 millones en subvenciones formativas. «Cuando llegué –al cargo– vino a pedirme una cita para conocer al nuevo director general y punto», rememoró. Como guinda, Brenes trasladó a los diputados sus «mejores deseos» para que «dictaminen bien» y remató con un «salud y paz interior para todos».

El portavoz del PSOE llama «ladrón» al PP, no lo retira y cree que se «ajusta a la perfección»

F. MARTÍ- Sevilla

«Cree el ladrón que todos son de su condición». Con este refrán se refirió el diputado del PSOE Rodrigo Sánchez Haro al Partido Popular, del que criticó «el basureo» en el que se ha instaurado por preguntar en la comisión sobre la posible «financiación del PSOE» a través de los cursos de formación al beneficiarse, presuntamente, de la impartición de cursos en algunas de las sedes que este partido comparte con el sindicato UGT.

La afirmación provocó incluso la intervención del presidente de la comisión, el representante de Ciudadanos Julio Díaz, que pidió cierta mesura en los comentarios. Pese a que el PP, en su segundo turno de palabra, pidió al diputado socialista que rectificara sus afirmaciones para que no constaran en el libro de sesiones, Sánchez Haro se negó. Argumentó que se trataba de una «frase sabia del refranero español que se ajusta a la perfección» y que «ni he perdido las formas ni he insultado a nadie». Además, culpó al resto de grupos de «extralimitarse» y permitir «vejaciones y coacciones» a los comparecientes.

Nada de la Cabalgata de Reyes

Por su parte, la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo (FPE) María José Lara González, primera asistente ayer, se acogió a su derecho a no declarar ya que se encuentra investigada en el marco de la «operación Barrado». En su intervención inicial apuntó que se encontraba «tranquila» por «todo» lo que hizo durante los once meses de cargo –los redujo a ocho entre las vacaciones de verano y el permiso del que disfrutó tras contraer matrimonio– en los que no tuvo conocimiento de irregularidad. «No me lo propuso nadie y los jefes de servicio y los técnicos actuaron con toda la mayor legalidad», dijo.

El PP le preguntó por las irregularidades en el Consorcio de Almonte, que desvió dinero para el pago de la cabalgata de reyes. La ex alto cargo no dijo nada.