Un sindicalista acusa a Alaya de «falta de objetividad» y de «construir» su imputación

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El actual secretario general de la Federación de Industria de CC OO-A, Enrique Manuel Jiménez, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla la decisión de la juez que investiga los ERE irregulares de imponerle una fianza de responsabilidad civil de 593.306,96 euros, pues se basa en una imputación «construida» por la magistrada de forma «artificiosa y sorpresiva, al menos en cuanto al relato de los hechos».

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del dirigente sindical solicita la nulidad del auto dictado por la juez Mercedes Alaya por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, pues del contenido del auto «puede deducirse que los hechos y la fundamentación jurídica estaban preelaborados antes de la declaración» del imputado.

A su juicio, el «contenido fáctico» del auto también «estaba concebido en iguales términos para mi defendido» y para el secretario general de la Federación de Industria de CC OO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca, señalando que la juez dictó la resolución judicial «teniendo en cuenta no la posible declaración que pudieran realizar en sede judicial –o que pudieran acogerse al derecho a no declarar, como ocurrió con Caravaca–, sino las declaraciones ante la Guardia Civil».

Por todo ello, el letrado asevera que «existe una falta de objetividad en el auto, al tener preconcebida su redacción antes de las declaraciones», por lo que entiende que el auto «estaba previsto inicialmente», una conclusión «a la que se llega tras el estudio de la redacción del mismo y de la lectura de la imputación» realizada a ambos imputados.

El letrado hace referencia igualmente a la «inexistencia» de indicios de criminalidad contra su patrocinado y critica que el auto de la juez «obvia el derecho laboral o deja traslucir un desconocimiento del mismo, concretamente de cuál es la labor sindical, entre cuyas funciones se encuentra la negociación y defensa de los derechos de los trabajadores, pudiendo estar durante años en las negociaciones y conflictos de empresas en crisis».

En el caso de Calderinox, donde se detectó la inclusión de dos intrusos, dice que «se trataba de una empresa cuya situación económica llevó a la declaración de 'concurso de acreedores' y a la extinción de los contratos de trabajo por un juzgado».

La juez imputó a Enrique Manuel Jiménez tres delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. En el auto donde le impuso la fianza de responsabilidad civil, la juez aseveró que «sería partícipe» a través de su cargo de las reuniones, conversaciones y gestiones que llevaron a los compromisos verbales de aplicación de ayudas sociolaborales a los trabajadores de Calderinox, medidas que consistían, «por una parte, en una percepción económica, debido a que se adeudaban nóminas, y por otra parte en un plan de jubilación para los trabajadores de mayor edad».