Un sinfín de irregularidades en 800 millones de la Junta para formación

La Cámara de Cuentas ha acabado de confirmar con un duro informe la espiral de irregularidades en torno a las partidas finalistas para formación que han gestionado fundamentalmente la patronal y los dos sindicatos de clase, UGT y CC OO. El resultado del informe de fiscalización de los años 2009 y 2010 de las subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para formación profesional –la partida 32D del Presupuesto– es demoledor al presentar vías de agua por todas partes: en el otorgamiento de las ayudas, fiscalización, justificación, auditoría, facturación, comprobación de los objetivos...

La cuantía en el punto de mira es elevada. Las subvenciones concedidas por la Junta entre 2009 y 2010 para formación dirigida a desempleados y ocupados, además de las acciones en investigación e innovación, rondan los 800 millones de euros. Concretamente 798,9 millones. La mayor parte de este dinero lo han gestionado los agentes sociales dentro de los acuerdos de concertación iniciados en 1993 y considerados por el Ejecutivo andaluz una de las principales herramientas para el desarrollo económico de la comunidad. Según recoge el informe, consultado por LA RAZÓN, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), CC OO-A, UGT-A y la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), integrada en el SAE tras la puesta en marcha de la «ley del enchufismo», recibieron en los dos años analizados el 37 por ciento de las ayudas para formación de ocupados y desempleados, es decir, 275,9 millones de euros.

La Cámara de Cuentas detecta en algunas actuaciones de los órganos gestores la posibilidad de que se deriven responsabilidades administrativas y contables, abriendo así la puerta a que el informe acabe en el Tribunal de Cuentas o en la Fiscalía, o en ambos. Hay que tener en cuenta que llueve sobre mojado. El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla está investigando la contabilidad interna de UGT por presuntas irregularidades en partidas para formación aparecidas en este periódico y en otros medios de comunicación. Este informe, probablemente el más duro respecto a las partidas del Servicio Andaluz de Empleo conocido en los últimos años, apunta en la misma línea. Analiza fondos de formación vehiculados a través de los planes sectorial e intersectorial o el plan Memta de la Junta que ya han estado salpicados de irregularidades en el escándalo de UGT-A. De hecho, el sindicato, como avanzó LA RAZÓN, cargó al Plan Memta el coste de la grabación a láser del logo de UGT en 40 videocámaras que se autoregaló la cúpula de la organización en los «reyes» de 2011; y endosó a los planes sectorial e intersectorial 2006 el desembolso de 400 relojes y 200 bolígrafos de plata.

La cantidad bajo sospecha supera holgadamente la del caso de los ERE. La partida de formación 32D –el SAE gestiona otras cuatro líneas de formación– roza en dos años los 800 millones de euros, cuando la partida 31.L del «fondo de reptiles» ronda los mil millones de euros pero en una década. No hay que perder de vista que esta partida 32D se nutre también con dinero del Fondo Social Europeo. La Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar si UGT-A ha cometido irregularidades en una ayuda de formación de medio millón de euros.

La Cámara de Cuentas recoge irregularidades que recuerdan a las producidas en el «caso de los ERE». La mayoría de las ayudas para cursos de formación se otorgaron «a dedo», orillando la Ley General de Subvenciones. El 89 por ciento de las adjudicaciones en 2009 fue a través de este método. Se deriva una consecuencia contable: la imposibilidad de la justificación «a priori». Hay que recordar que en los ERE, la elección de la transferencia de financiación alejó los controles «a priori» de los expedientes.

Es llamativo asimismo que la Junta no tuviera un plan de seguimiento para controlar la gestión de las subvenciones y que, por ejemplo, sólo en el 19 por ciento de los expedientes analizados constan visitas para analizar el funcionamiento de los cursos.

Las facturas presentaban además conceptos genéricos. Este método es el que ha seguido UGT, usando una suerte de «conceptos pantalla», para cargar a subvenciones finalistas gastos que nada tenían que ver con el fin de la subvención. La Junta tampoco tuvo por pauta de actuación comprobar si las facturas era reales.

Por su parte, la Consejería de Empleo defendió ayer la legalidad de las ayudas otorgadas.