Una nueva ley electoral más «proporcional» pasaría por reformar el Estatuto de Autonomía

Mientras los partidos políticos están centrados en las elecciones generales del próximo domingo, la actividad continúa en el Parlamento de Andalucía. La semana pasada, el grupo de trabajo para la reforma de la ley electoral que se ha constituido en la Cámara aprobó su calendario de trabajo. La intención de Ciudadanos, partido que propuso esta iniciativa y que forma parte del acuerdo que alcanzó con el PSOE para facilitar la investidura de Susana Díaz, es que «el voto de todos los andaluces valga lo mismo la próxima vez que acudamos a las urnas». La realidad es que este propósito choca con el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

La norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Andalucía pone trabas a esta proporcionalidad. El artículo 104, que versa sobre el régimen electoral, señala en su apartado 1 que «la circunscripción electoral es la provincia» y que «ninguna provincia tendrá más del doble de diputados que otra». Eso supone que, por ejemplo, la provincia de Sevilla con casi dos millones de habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE) no podría tener más del doble de representantes electos que Huelva, la provincia andaluza con menos población con 520.017 personas censadas.

De hecho, la propuesta de reforma electoral que Ciudadanos presentó antes de la constitución del grupo de trabajo tendría que sortear este artículo del Estatuto de Autonomía. La formación naranja aclaró que se trataba de una propuesta abierta sujeta a aportaciones del resto de participantes, pero la distribución de escaños para conseguir «un mayor respeto del viejo principio de ‘un hombre, un voto’» –según figura en su exposición de motivos– tendría serias dificultades de realizarse. En su texto para reformar la ley electoral sugieren que se mantenga la distribución de 109 diputados actual y que a cada provincia le corresponda «un mínimo inicial de cinco diputados». Los 69 escaños se distribuirían «entre las provincias en proporción a su población», para lo que se dividiría la población de derecho –los «residentes» oficiales– de la región entre esa cifra, obteniendo una «cuota de reparto», es decir, los 8,4 millones censados entre las 69 actas que se pondrían en juego. La cifra obtenida, 121.772,53, serviría para calcular el número de diputados de cada provincia tras dividir su población entre esa cuota de reparto. La cuestión es que, pese a algunos elementos correctores que introduce la propuesta de Ciudadanos, es previsible que la provincia de Sevilla obtuviera más del doble de escaños que Huelva y Jaén, algo que entraría en colisión con el Estatuto de Autonomía.

Fuentes de Ciudadanos han asegurado a LA RAZÓN que se trata de una propuesta abierta a aportaciones del resto de partidos. Además, en su caso, no ven inconveniente alguno en que se cambie el Estatuto de Autonomía «si fuera necesario» y de paso «incluir también la eliminación de los aforamientos» para los 109 diputados de la Cámara. Esta última propuesta ya la lanzó el presidente del PP-A, Juanma Moreno, en la campaña de las autonómicas de 2015 durante el segundo de los debates televisados. Nada se ha avanzado en esta línea desde entonces.

En la pasada legislatura, IU también introdujo en su acuerdo con el PSOE la reforma de la ley electoral de Andalucía como una de las exigencias para la constitución del bipartito. La coalición de izquierdas tenía el mismo propósito mostrado por Ciudadanos, pero la realidad es que dicha ley, vigente desde 1986, nunca llegó a modificarse.