Una ONG alerta: harán falta 300 años para acabar con la pobreza infantil

La pobreza infantil es un problema que no sólo afecta a los países del tercer mundo. Muy cerca de nosotros hay menores que son víctimas de la emergencia social que atraviesan sus familias, con dificultades para acceder a una vivienda, alimentarse o mantener unas condiciones dignas de vida. La ONG Educo dio a conocer ayer un dato que invita a la reflexión y reclama una actuación urgente de las Administraciones: harían falta más de 300 años para acabar con la pobreza infantil en Andalucía si continúan los registros que vienen reiterándose año tras año. De hecho, tal y como apuntó la ONG, en el último año la comunidad autónoma sólo bajó una décima el índice de pobreza y exclusión en este colectivo, el más vulnerable de la sociedad. Un total de 625.970 menores atravesaban dificultades, el 38,6 por ciento del total de la región. Esta bajada de una décima contrasta con el descenso que se registró a nivel nacional, que se situó en los 1,8 puntos. La llegada del verano, según Educo, no hace más que aumentar la brecha de desigualdad de la infancia, puesto que muchos niños no tienen la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones con la familia. Esto provoca «aislamiento, soledad, desprotección y malos hábito nutricionales».

En cuanto a la alimentación, un indicador fundamental, en Andalucía ha aumentado el número de menores que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días, pasando de un 1,8 por ciento al 4,9. En cuanto a los hogares que no pueden hacer frente a imprevistos –650 euros sin recurrir a créditos–, afecta a un 47,8 por ciento de los niños. En este sentido, Educo reclamó la aprobación «cuanto antes» de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía para hacer frente a estos problemas.

Unos recursos que ayudan a abordar las necesidades de los colectivos más vulnerables son los servicios sociales comunitarios, coordinados por los ayuntamientos. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer la orden por la que se distribuyen 41,7 millones de euros entre las entidades locales para la financiación de estas unidades. Más de 33 millones corresponden a la Junta y casi 8 al Estado. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, destacó que «son la puerta de entrada a servicios y prestaciones tan importantes como la dependencia o la renta mínima de inserción social».